Debería ser unánime el criterio de que empleados públicos y privados requieren de un reajuste salarial que acerque sus ingresos al costo de la canasta familiar y porque los niveles de salarios mínimos han estado congelados por más de dos años.

Un deseable y previsible incremento salarial debería aplicarse de forma moderada o realista para que el efecto de esa alza no impacte de manera negativa sobre el índice general de precios ni provoque pérdidas de empleos en el sector privado.

El Ministerio de Trabajo está compelido a convocar de oficio a sindicatos y asociaciones patronales a los fines de discutir cuanto antes el aumento de las tarifas de salarios mínimos aplicadas a las diferentes actividades económicas, lo que activaría un necesario oleaje de reajuste en sueldos y salarios a todos los niveles.

El mejor ejemplo de un reclamo excesivo de aumento salarial lo representa la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que ha pedido duplicar los sueldos que perciben sus afiliados por tanda, lo que significaría un compromiso adicional en gasto corriente por sobre el 10% de la partida asignada al Ministerio de Educación.

Es preciso advertir que el cumplimiento de la ley que asigna un cuatro por ciento del PIB al sector educativo pre universitario no significa la apertura de un barril sin fondo, sino el compromiso de relanzar el sistema de educación básica de manera armónica y sostenible.

En el tema de aumento salarial, la ADP y el Ministerio de Educación están en obligación de identificar un punto equidistante entre lo ideal y lo posible que incluya el compromiso del magisterio de involucrarse y cumplir con los programas de excelencia educativa.

Un escenario parecido se presenta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuyo cuerpo profesoral reclama desproporcionados niveles de incremento salarial, por lo que también se pide a ese cuerpo docente colocar los pies sobre tierra.

Sin dudar ni por un ápice sobre la justedad de los reclamos de aumentos de sueldos y salarios que formulan asociaciones y sindicatos, es menester insistir en que debe prevalecer criterios de racionalidad al momento de fijar niveles o montos, para evitar que esos incrementos presionen inflación y pérdidas de empleo, que sería lo mismo que convertirse en sal y agua.