El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, exhortó a los defensores públicos a priorizar la dignidad humana y destacó que el 80% de los casos penales que se judicializan en el país son atendidos por esos abogados.
El magistrado Henry Molina, quien también preside el Consejo Directivo de la Defensa Pública y de la Escuela Nacional de la Judicatura resaltó el rol que juegan los defensores públicos en la sociedad.
“Aspirar a ser defensor público es asumir un compromiso con la verdad, con la equidad y con las personas más vulnerables; ustedes no son elegidos al azar, han pasado filtros, pruebas, valoraciones, porque el servicio que ofrecerán exige excelencia. No se trata solo de saber: se trata de servir usando ese saber con convicción de la ética y los valores que representan ante la sociedad”, afirmó Molina, también presidente del Consejo del Poder Judicial.
El presidente de la SCJ resalta la importancia de la dignidad humana en la defensa pública
La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) dio apertura ayer al Programa de Formación de Aspirante a Defensor(a) Público(a) 2025, con un grupo compuesto por 83 abogados (as), a quienes el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina les exhortó tener la dignidad humana como el eje rector de su trabajo, asumiéndola en su práctica cotidiana.
Durante las palabras centrales del acto, afirmó que la formación que inician tiene una dimensión que excede los libros e incluso los tribunales, se trata de desarrollar también sensibilidad institucional, mirada crítica y disposición ética.
El juez presidente de la SCJ hizo énfasis en que la prisión preventiva no puede ser la regla, sino excepción; en ese sentido, consideró que la solución “no puede ser siempre más cárcel, más tiempo, más castigo”, sino que se debe pensar la justicia desde la solución, reintegración, trato digno y el debido proceso.
Asimismo, dijo que a veces, el mayor obstáculo al acceso a la justicia no es la norma, sino la mentalidad, siendo la congestión del sistema causa probada del retardo judicial que resulta en límites y negación de acceso al sistema.
“Los acuerdos son una salida viable en todos los sistemas judiciales que funcionan. En Estados Unidos más del 90% de los casos no va a juicio. Las vías alternas de resolución de conflicto son prioridad, porque permiten que el sistema funcione. Tan simple como eso. Pero también porque la búsqueda de un sistema de justicia en una democracia es resolver conflictos, no castigar”, explicó Henry Molina.
Por su lado, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos afirmó que el grupo se va a formar como máquinas defensoras, como guerreros defensores del debido proceso, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de personas en conflicto con la ley penal.
“Ustedes asumen hoy un camino que exige vocación, sensibilidad humana y firmeza jurídica”., expresó.