A poco tiempo de instalarse el presente gobierno hubo un esplendor en la justicia del país que nos llevó a elogiar su repunte, atendiendo a la evacuación de sentencias que llenaron las expectativas de la opinión pública. Pero al correr unos meses, varios fallos judiciales han devenido en contradicción respecto al renacimiento experimentado.

Sabido está, que los jueces no dictaminan para complacer deseos ni intereses de los espectadores, sino aplicando justicia conforme a la constitución y las leyes. Sin embargo la ciudadanía tiene derecho a saber que tan justos son los jueces al aplicar los instrumentos que sustentan sus dictámenes, máxime aquellos casos que por su naturaleza son abiertamente vigilados por la opinión pública.

Entre los casos que han desbordado la duda de la opinión pública está el de Odebrecht, expediente viciado de origen por el ministerio público del pasado gobierno que preñó el caso de privilegios conforme al contubernio y la politización institucional que primaba. De nada valió que este fuera el más grande caso de soborno conocido hasta entonces.

Otro caso de soborno fue el de la compra de los aviones Super Tucano que involucró altos oficiales de los cuerpos castrenses, cuyos acusados fueron dejados libres para que disfruten de los beneficios recibidos por haber traicionado la confianza puesta en sus hombros por el Estado dominicano en los cargos que les confirió. Otro caso que desbordó el sufrimiento de la vergüenza ajena es el de la venta del barrio Los Tres Brazos, maldad y engaño por el que su gente sufre todavía, cuya sentencia en favor de la perversidad les asesta el tiro de gracia.

De esta zafra de premiación de imputados se benefició la ex fiscal de Villa Vásquez, Lisset Núñez y cuatro miembros de la DNCD acusados de colocarle droga a un ciudadano barbero de aquella localidad que al ser juzgados por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Monte Cristi fueron dejados en libertad pura y simple por supuesta debilidad en la instrumentación del expediente y de las pruebas que servían de sustentación.

La población vuelve a preguntar: ¿Se continúa vendiendo y comprando sentencias? Además del caso Odebrecht, ¿hubo segregación e inclusión de imputados favoritos? ¿Quién manipula y negocia casos? ¿Quién está protegiendo delincuentes y violadores de la ley? Ojalá que una autoridad competente responda estas interrogantes, porque no podemos aceptar conforme que la justicia continúe evacuando sentencias dudosas, y menos ahora que los jueces tienen y les esperan muchos y grandes casos para su sabia aplicación de justicia.

Por: Lic. Santiago Martínez