POR: Hugo A. Ysalguez
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En los predios del Ayuntamiento del Distrito Nacional, causó sorpresa la sentencia de adjudicación de dos inmuebles propiedad del alcalde de esta demarcación, Roberto Salcedo, evacuada por una Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de este Distrito Judicial.
La mayoría de los funcionarios públicos desconocen que las actuaciones en ocasión de los cargos que desempeñan, generan responsabilidad civil y cualquier fallo judicial, recae directamente sobre su patrimonio. Así lo establecen leyes adjetivas y la propia Constitución de la República.

La adjudicación de dos apartamentos del alcalde municipal a favor de una empresa privada, tuvo su base legal en la liquidación de un astreinte de casi 28 millones de pesos, que se acumuló por el incumplimiento de una decisión nacida de una acción de amparo, que ordenaba la reinstalación de vallas publicitarias.

El astreinte es una penalidad que se aplica por la inejecución de una sentencia. Es preciso subrayar que el artículo 148 de la Carta Magna expresa: “Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

Y el artículo 90 de la Ley 4108 de Función Pública, establece: “El Estado y el servidor público o miembros del órgano colegiado actuante serán solidariamente responsables y responderán patrimonialmente por los daños y perjuicios causados por la acción u omisión del funcionario actuante….”.

También los jueces pueden ser demandados en responsabilidad civil, conforme lo establece el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil. Quienes desempeñan funciones públicas deben tener sumo cuidado con sus actuaciones, dado que los daños que ocasionen a terceros tendrán que responder con su propio patrimonio. ¡Ojalá se aprenda la lección!.