En vez de usarse como material de promoción política, el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el desempeño de la economía debería ser objeto de análisis, reflexión y discusión, sin sesgos ni prejuicios, por parte del Gobierno, sector empresarial y clase política.

Ese documento, que refiere los resultados de la segunda y tercera revisiones del Acuerdo Stand by firmado con el Gobierno en noviembre de 2009, ofrece un diagnóstico sobre la macroeconomía y propone algunas recetas o remedio conforme al criterio de un gendarme en receso.

Las autoridades resaltan de ese escrito la parte que destaca el crecimiento del Producto Bruto Interno real de un 7.5 por ciento durante el primer semestre de 2010 y el relativo control de la inflación, así como estabilidad en el tipo de cambio.

La oposición política y otros sectores divergentes se refieren a la advertencia del FMI sobre rezagos en la aplicación de la estrategia de las autoridades para mejorar la recaudación de impuestos, así como el fracaso de la reforma eléctrica que no ha producido ahorros financieros para el Gobierno.

Cada cual procura servir a la opinión pública la parte del informe del FMI que tenga a propios intereses sabor a miel y no a hiel, sin reparar que unos y otros infieren daño mayor a lo que debería ser el propósito común de salvaguardar la estabilidad macroeconómica.

Son válidos los criterios del FMI de que la economía dominicana ha retornado a los senderos del crecimiento (7.5 del PIB en el primer semestre de 2010), pero también es verdad el planteamiento de que el Gobierno ha fracasado en el compromiso de disminuir las millonarias transferencias presupuestarias al sector eléctrico.

En vez de disminuir, los subsidios a las transferencias presupuestarias a ese sector aumentarán este año a 790 millones de dólares, y las erogaciones por ese concepto se acercan a los tres mil millones de dólares en los últimos tres años.

El Informe del FMI no debe leerse a conveniencia de ningún interés político, económico o corporativo, como tampoco puede usarse para ocultar debilidades o incompetencia. La nación reclama y merece que en torno a un asunto tan serio, Gobierno y clase dirigente asuman un comportamiento serio y responsable.