El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán y el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Alfonso Genao Lanza, se sumaron a las voces que critican la frecuencia con que fiscales y jueces piden y aplican la prisión preventiva como medida de coerción contra personas imputadas de haber cometido algún delito.
Consultado sobre si en el sistema de justicia se abusa de la señalada disposición, Castaños Guzmán respondió de manera afirmativa y lo atribuyó a las fallas en la aplicación del Código Procesal Penal.
“Claro porque el Código se desnaturalizó en su implementación, esa es la realidad”, consideró el representante de la FINJUS.
De su lado, el diputado Rogelio Alfonso Genao sostuvo que la prisión preventiva es un tema que debe ser revisado, ya que entiende que esta acción coercitiva se está utilizando de forma incorrecta.
El legislador abogó por una reforma al Código Procesal Penal que permita agilizar los procesos judiciales, recordando que la prisión preventiva no es una pena definitiva.
“Tenemos que trabajar en una reforma para agilizar los procesos y depender menos de lo que a veces se sustenta el Ministerio Público que es la prisión preventiva, que a veces es utilizada y ya como una práctica, como pena anticipada”, manifestó el congresista.
Genao Lanza dijo que tal como lo establece la legislación, la prisión preventiva es una medida que debe ser aplicada de manera extraordinaria y sin embargo, en la actualidad se aplica como norma.
Tres diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aníbal Díaz, Amado Díaz y Elías Báez también han criticado que se utilice la prisión preventiva como una condena anticipada.
En el caso de Anibal Díaz, este condenó la prisión preventiva por 18 meses impuesta a los exministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, respectivamente.
