La República Dominicana se acerca a un momento delicado que la clase política parece empeñada en ignorar. Dentro de poco comenzará la entrega de las primeras pensiones bajo el actual modelo de la Ley de Seguridad Social, y todo apunta a que miles de trabajadores recibirán montos muy por debajo de lo que imaginaron después de décadas de cotización. Ese día no será simplemente un trámite administrativo. Será un choque de realidad.

Durante más de veinte años se vendió la idea de que el sistema de capitalización individual garantizaría estabilidad, ahorro y pensiones dignas. Hoy, sin embargo, los cálculos que circulan muestran otro panorama: jubilaciones que en muchos casos apenas alcanzarán para cubrir una fracción del costo de vida.

En un país donde el precio de los alimentos, la salud, el transporte y los servicios básicos no deja de subir, una pensión insuficiente no es solo un problema económico. Es un problema social.

Porque cuando una persona descubre que después de 30 o 40 años de trabajo su retiro se traduce en una pensión que no le permite vivir con dignidad, lo que surge no es resignación.

Surge indignación.
Y cuando esa indignación se multiplica por miles o cientos de miles de ciudadanos, el resultado puede ser una crisis social de proporciones imprevisibles.

Por eso resulta incomprensible la lentitud con que el sistema político ha manejado la discusión sobre la reforma de la Ley de Seguridad Social.

El tema lleva años en debate. Informes, comisiones, propuestas y mesas de diálogo han producido diagnósticos suficientes para saber que el modelo necesita correcciones profundas.

Sin embargo, las decisiones siguen posponiéndose.