Como el expediente sobre las operaciones del presunto capo boricua José David Figueroa Agosto todavía está abierto, el fiscal del Distrito Nacional tiene la posibilidad de atar los múltiples cabos sueltos que desde un principio rodean las investigaciones en torno al intrincado proceso judicial.

Está bien que el licenciado Alejandro Moscoso haya interrogado a dos generales y dos coroneles, todos retirados, sobre los vínculos con Figueroa Agosto. Pero como se ha dado cuenta de tanta gente que hizo negocios y se relacionaron con el boricua, es obvio que no pueden ser los únicos.

Si en verdad se quiere actuar con transparencia, sin dar la menor señal de protección o encubrimiento, no puede haber excepción. Máxime cuando la percepción que se tiene es que por intereses políticos se ha excluido del expediente a figuras que incluso han sido mencionadas por los imputados.

Quizás sea necesario recordar que las dudas que rodean las investigaciones datan desde la fuga de Figueroa Agosto durante el allanamiento en septiembre de 2009 a una torre de la calle José Andrés Aybar, casi esquina Tiradentes, en el sector La Esperilla, en que fue detenida Sobeida Félix Morel y las autoridades se incautaron de 4.6 millones de dólares en efectivo.

Tras el proceso en primera instancia contra supuestos cómplices de Figueroa Agosto, el fiscal del Distrito Nacional ha dejado abierta la posibilidad de someter a los tribunales a cuatro oficiales retirados que investiga sobre sus vínculos con el capo detenido en Puerto Rico.

Y la verdad que sobre el expediente las autoridades no deberían dejar una sola interrogante sin despejar. Si hay méritos para procesar a más implicados no hay más que proceder. Lo censurable sería que todos los que negociaron o se relacionaron con el boricua no sean medidos con la misma vara.

El fiscal del Distrito Nacional tiene ante sí la oportunidad de enmendar cualquier entuerto en un caso plagado de sospechas. Pero tendría que actuar sin contemplaciones, aunque sí con estricto apego a indicios que puedan resultar comprometedores, sin importar de quién se trate.

El de Figueroa Agosto es uno de esos casos que han evidenciado preocupantes debilidades en el Ministerio Público. Por lo menos se tiene la creencia de que en el juicio no están todos los que son, ni son todos los que están. Y esa percepción deriva de la aparente falta de rigor en las pesquisas.