Sin excusas

Imposible entender que un ministerio como el de Educación, que recibe el 27.8 % como porcentaje de los ingresos del Gobierno, confronte problemas para ingresar a las aulas a más de 200 mil estudiantes y que una semana antes de iniciar el año escolar se obligue a convocar un concurso para suplir un déficit de 187 mil butacas.

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que los procesos de construcción de 718 escuelas fueron dejados inconclusos por el anterior gobierno, aunque no precisó cuántos de esos planteles fueron terminados por la actual administración, pese a que atribuyó a “nudos legales” las dificultades para terminarlos.

Al Ministerio Público corresponde investigar lo dicho por el mandatario, de que 63 proyectos de construcción de escuelas fueron adjudicados sin contar con el requisito de poseer los terrenos, y que en 41 de ellos se concedió adelanto de dinero, porque puede ser corto el trecho entre lo absurdo y cohecho.

Te puede interesar leer: Educación fija plan terminar escuelas

Adjudicaciones de edificaciones fantasmas, licitaciones irregulares para la adquisición de equipos e insumos escolares y adjudicación del desayuno escolar, y una pretendida reducción de RD$4,250 millones del presupuesto educativo, son apenas parte de la historia de irracionalidad que ha caracterizado a las autoridades educativas.

El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que esa cartera otorgará bonos a familias con niños que no alcanzaron cupo en escuelas públicas para que puedan inscribirlos en colegios privados, remedio que se aplicaría horas antes del inicio del año escolar sin subsanar un mal cuyas causales serían improvisación e incompetencia.

¿Cómo es posible que las autoridades no previeran un déficit de casi 200 mil butacas o que faltarían aulas para más de 200 mil estudiantes? Es claro que no ha sido por falta de recursos, porque al decir del ministro de Hacienda hay de sobra, como los $4,250 millones ociosos que gestionaba llevarlos para otro lado.

Son muchos los planteles que recibirán a los estudiantes en pésimas condiciones físicas, sin adecuado equipamiento y muchas las familias que al día de hoy no saben dónde encontraran recursos para adquirir útiles y uniformes para sus hijos, cuadro aterrador que no resiste explicación ni justificación alguna.

Los fiscales investigarán posibles ilícitos penales en proyectos de construcción de edificaciones escolares o de licitaciones fraudulentas para la adjudicación de contratos de compra y servicios, pero es al Gobierno y al Ministerio de Educación que corresponde aliviar el desastre en que se encuentra el inicio del año escolar. Sin excusas.