La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas remitió al Ministerio Público el expediente de adjudicación del contrato para la mejora de la red semafórica del Gran Santo Domingo, al determinar que hubo “graves irregularidades” en el proceso de licitación realizado por el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Ese contrato, por valor de RD$1,317 millones, adjudicado a la razón social Transcore Latam, SRL, será objeto ahora de una profunda investigación penal a cargo de la Procuraduría General, a los fines de identificar al beneficiario final de esa empresa y su posible participación en actividades ilegales o fraudulentas.

Entre las anomalías citadas por el director de esa dependencia oficial, Carlos Pimentel, figuran indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa y movimientos sospechosos de accionistas, por lo que declaró la nulidad de los informes, evaluación técnica y de oferta, y por consiguiente, la nulidad del contrato.

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Razones sobran para que ese escándalo recale en el Ministerio Público con la carga de evidencia o indicios que ha recopilado la Dirección de Compras y Contrataciones, que apuntan hacia posible comisión de ilícitos penales que por el momento se identifican como “graves irregularidades”.

Se resalta que ese órgano regulador anuló de oficio la licitación realizada por el Intrant que adjudicó el millonario contrato a Transcore Latan, SRL, por lo que el recién designado director de ese organismo tendrá que convocar un nuevo concurso, aunque la empresa adjudicataria habría ejecutado una parte importante del presupuesto aprobado.

Corresponde al Ministerio Público determinar si tienen merito las graves irregularidades que dicen las autoridades haber detectado en ese proceso de licitación, las cuales rayan en un gran escándalo que involucra RD$1,317 millones destinados a mejorar la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Ha hecho bien el anterior titular del Intrant, Hugo Beras, al recesar en sus funciones ante la posibilidad de que, como él mismo ha dicho, habría sido sorprendido en su buena fe, cuestión que determinarán los fiscales actuantes, y ante el hecho de que el proceso de adjudicación de ese contrato fue anulado.

Una sociedad todavía con las manos en la cabeza por todo lo acontecido, aspira a que las autoridades escudriñen los recónditos de ese expediente para que logren identificar, si así fuera, todos los macos y cacatas ocultos en su interior.