El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional un artículo del Código Procesal Penal que daba potestad al Ministerio Público para mantener la discrecionalidad y de abstenerse a entregar documentos y experticias concernientes a las investigación de los procesos.

A unanimidad, el TC declaró inconstitucional, el artículo 291 del Código Procesal Penal que establecía que si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción en la realización de un anticipo de pruebas, el Ministerio Público dispone el secreto total o parcial de sus actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de la investigación.

Finjus

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que en lo adelante el Ministerio Público deberá entregar las carpetas y documentos que le solicite un imputado o investigado en un proceso, ya que la sentencia tiene efecto inmediato, aunque en el dispositivo se habla de un año.

“Ahí se distingue que es un imputado y que es un investigado y ese artículo lo confundía a los dos”, precisó Castaños Guzmán.

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Castaños Guzmán precisó que esa decisión le va a cambiar la regla al Ministerio Público.

“Prácticas del Ministerio Público tendrán que ser cambiadas porque esa decisión declara inconstitucional el artículo 291 que amparaba al Ministerio Público para actuar con discrecionalidad con documentos y actuaciones ligadas a la investigación de proceso”, añadió.

El ejecutivo de Finjus habló al participar esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9.

Inconstitucionalidad

El artículo 291, declarado inconstitucional establecía; “ Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación”, agregó.

Caso motocicletas

.El vicepresidente de Finjus llamó a las autoridades a ponerle fin al desorden de motociclistas en las calles y dijo que esa situación afecta la seguridad de la ciudadanía y llamó a establecer sanciones drásticas que contribuyan a resolver ese problema.

Dijo que por la vía del Congreso Nacional se pudieran adoptar medidas legales para regular el manejo temerario de los conductores de motocicletas.

Indicó que el desorden de los motociclistas representa un alto costo para el Estado, que se estima entre el 1 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto.

Llamó a los miembros de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre a fiscalizar al menos entre 50 y 60 mil motoristas cada día, entre los planes del Gobierno para mejorar a ese sector.

Abogó por la correcta aplicación de la ley y que las autoridades cumplan con su responsabilidad en la fiscalización de los motoristas que se desplazan por las vías públicas en un completo desorden.

“El desorden de los motores nos está afectando la calidad de vida a todos”, lamentó. Sostuvo que, independientemente del costo político, el presidente Luis Abinader puede resolver ese problema, porque él no de va a presentar en el 2028.

Cámara

Castaños Guzmán consideró que tanto en la escogencia de la Cámara de Cuentas como el procurador general de la República deben ser seleccionadas personas con experiencia de Estado.

Dijo que siempre ha sido partidario de que ese órgano lo dirija un solo miembro.