Deben ser cancelados los militares y policías que se involucren en actividades electorales porque son violatorias de la Constitución de la República y la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, afirmó esta mañana el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.

Añadió que respalda en tu totalidad el comunicado de la Junta Central Electoral, que censura la actuación de los militares que permitieron un camión rotulado del PRM en el interior del recinto militar.

“La verdad que lo ocurrido el domingo 14 en las instalaciones que alojan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional en Azua, lo cual fue captado en fotografías y reseñado por diferentes medios de comunicación, evidentemente de que eso no se puede volver a permitir”, sostuvo Castaños Guzmán.

Añadió que “los altos mandos del Ejército en esa ocasión, así como las demás instituciones castrenses y la Policía Nacional debieran convocar a sus cúpulas para que situaciones como esas no repitan porque eso le hace mucho daño a las instituciones castrenses y en el hipotético caso de que una situación como esa vuelva a suceder pues que se activen los sistemas de consecuencias y aquellos que se involucren en actividades de esa naturaleza sean separados de esas instituciones”.

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Dijo que Finjus apoya el comunicado de la Junta Central Electoral porque es oportuno porque llama a la prudencia y a que esas instituciones se sometan a lo que la Constitución y las leyes establecen.

Explicó el dirigente cívico que de acuerdo a lo que establece la Constitución en su artículo 252, numeral 13, las Fuerzas Armadas son apartidistas.

Añadió que la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral prohíbe a militares y a funcionarios electorales, en atención a disposiciones constitucionales y legales vigentes, les está prohibido difundir propagandas electorales o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral.

“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes a todo miembro activo de las fuerzas armadas, la Policía Nacional, entre otros les está prohibido difundir propagandas electorales y llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral, es decir que lo que la Junta Central Electoral lo que ha hecho es exhortar a los partidos a no permitir injerencias de tipo político en los cuarteles porque eso es atentatorio contra la Constitución”, aseguró.

El vicepresidente ejecutivo de Finjus consideró que lo ocurrido en un cuartel militar de Azua, además de que viola la Constitución, daña daña la imagen de los cuerpos castrenses.

La Junta

Ayer la Junta Central Electoral (JCE) emitió un comunicado en el que rechazó que se lleve la propaganda política a las instalaciones militares de la República Dominicana.

Explicó que de conformidad con lo establecido por el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas son “apartidistas”; además de que en el artículo 167 de la ley 20-23 sobre Régimen Electoral se prohíbe a los cuerpos castrenses participar en actividades políticas.

El batallón

El pasado domingo se captó en videos y fotos cuando un camión rotulado con logos del oficialista Partido Revolucionario Moderno salía del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército, en Azua. Ese mismo día se anunció la sustitución de los comandantes del recinto militar. El hecho provocó críticas de los partidos de oposición y de la sociedad civil.