El Gobierno se propone agenciar 150 mil títulos de propiedad a igual número de familias posesionadas sobre parcelas agrarias y viviendas urbanas, con lo cual esos inmuebles adquirirían valor real y sus beneficiarios serían sujetos de crédito.

Aunque se admite que no será fácil completar tan ambicioso proyecto durante el actual cuatrienio presidencial, el solo abordaje a ese añejo problema social representa una iniciativa trascendental que impactaría decididamente sobre la economía agrícola y la inserción social.

Campesinos y productores agrícolas detentan sin constancia titular 1.6 millones de parcelas, que representan millones de tareas imposibilitadas de convertirse en garantía para que entidades financieras financien a plenitud la producción agrícola y pecuaria.

Las autoridades estiman que 1.8 millones de solares urbanos carecen de título, lo que los mantiene como propiedades sin valor formal, pese a que sus titulares poseen algún documento nominal de pertenencia o se reputan como poseedores pacíficos de esos inmuebles.

El decreto 624-12 emitido por el presidente Danilo Medina, crea una Comisión Permanente de Titulación de terrenos Estatales, lo que en ningún modo refiere la automática intervención estatal en torno a litis sobre ocupación ilegal de propiedades privadas urbanas o rurales.

De los 115 mil productores inscritos en el IAD, apenas 15 mil poseen títulos sobre sus predios, causa principal de que parceleros de la reforma agraria que generan el 50 por ciento de la producción nacional de arroz tengan cerradas todas las puertas del financiamiento formal.

Los titulares de instituciones como IAD, Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar y Banco Agrícolas deberían ser advertidos de que el decreto presidencial de referencia no propugna por piñatas ni caos en el ámbito de la propiedad urbana o rural.

Bien encauzado, a través de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Catastro Nacional, el proyecto de titulación que anuncia el Poder Ejecutivo podría convertirse en un magnífico referente de inclusión económica y equidad social, aunque prevalece el temor de que pueda desembocar en otra cuneta del clientelismo.