Hoy es el Día Internacional para poner fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales”, desde el año 2003, cuando fue condenado Gary Ridgway, llamado “asesino de Green River, por ultimar más de 50 mujeres que ejercían la prostitución, entre los años ochenta y noventa, en la ciudad de Seattle.

Las mujeres prostituidas cuando son violentadas por parte de los hombres, lo sufren por ser mujeres, con la doble discriminación de una sociedad que clasifica a las personas desde la doble moral, las condena, pero dice que “son una necesidad”, les niega sus derechos fundamentales sin herramientas jurídicas para su protección: no las considera “bien”, ni reconocen su actividad como laboral.

La relación económica generada por la prostitución existe en la historia de la humanidad y se sigue discutiendo causas, situación, límites, penalización, etc., con diferencias en el reconocimiento y su existencia sigue siendo objeto de discusión, muchas veces de polémica, pero la realidad nos muestra a las trabajadoras sexuales como el grupo social más vulnerable a la violencia machista. Ni siquiera las instituciones formales tienen a bien registrar los crímenes, como si no existieran.

En nuestro país, las mujeres que han hecho de la prostitución su medio de vida, viven estigmatizadas y marginadas en sus propios entornos familiares y comunitarios víctimas de un rechazo social fundamentado en la dicotomía juzgadora que las señala responsables, mientras al prostituidor y agresor lo justifican y eximen de culpa. Pero, además de este rechazo social, son víctimas de violencia en los espacios públicos, por clientes y proxenetas, que las agreden, las asaltan, las violan y asesinan.

Estas violencias se recrudecen cuando la trabajadora sexual es pobre, afrodescendiente, extranjera, transgénero, transexual, con discapacidad física o intelectual, o es menor de edad. Hay lugares que solo ofrecen a la “clientela”, niñas y adolescentes, para satisfacer los deseos de pederastas.

Y está la violencia que reciben de la Policía Nacional. El informe presentado por Amnistía Internacional, a la propia institución de seguridad en el mes de marzo pasado, “República Dominicana: Uso habitual de la violación y otras formas de tortura por parte de la policía para castigar a las trabajadoras sexuales”, revela que, la policía de República Dominicana “viola, golpea, humilla e insulta habitualmente a las trabajadoras sexuales para ejercer un control social sobre ellas y castigarlas por transgredir las normas sociales sobre sexualidad y femineidad aceptables”. (Citado en la página 37 del Informe Situación de DDHH en República Dominicana, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).

Es que, el machismo, es transversal en toda la vida social. Y mata.