Cuatro años y 10 meses después de haberse iniciado en el país las investigaciones de los presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Norberto Odebrecht, un tribunal de primer grado pronunciará a las 4:00 de la tarde la sentencia de tan sonado caso.
Fue el 4 enero del año 2017 cuando el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, comenzó a llamar funcionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex funcionarios que habían sido mencionado en Brasil por la Constructora Odebrecht, a quienes sus ejecutivos en el país les habrían supuestamente entregado 92 millones de dólares en sobornos para que les asignaran obras.
Todo se originó en Brasil, después que el presidente de la constructora y un equipo de 77 empleados de alto rango negociaron acuerdos con la justicia para reducir sus condenas.
Los ejecutivos de Odebrecht fueron condenado por delitos que van desde lavado de dinero hasta asociación criminal.
La compañía aceptó pagar la multa para cerrar las investigaciones en Estados Unidos, Brasil y Suiza. tras ser acusada de entregar 439 millones de dólares a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas.
La Operación Lava Jato ha sido la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil tras destapar un gigantesco escándalo de desvíos en la empresa estatal petrolera (Petrobras). El escándalo salió a la luz pública en marzo de 2014, tras la captura de una veintena de personas, pero las investigaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de la ciudad de Curitiba, en el sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que funcionaba desde puestos de lavado automático de autos (Lava Jato).
Todo esto comenzó como una investigación por irregularidades en casas de cambios y terminó por destapar una red que ha salpicado a exministros, diputados, exgobernadores y exmandatarios, entre ellos Michel Temer, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
Algunos de los países en que Odebrecht pagó sobornos en América Latina fueron Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.
La constructora, con 128.000 empleados y unos ingresos brutos de 40.000 millones de dólares, es el personaje central de la trama descubierta por la Operación Lava Jato.
En República Dominicana, específicamente el 29 de mayo de 2017, iniciaron los allanamientos y posterior apresamientos de destacadas figuras públicas; siendo el primero el exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez. Luego le siguió otra decena de allanamientos, en la que la que se incluyó las oficinas principales de la compañía de Odebrecht en República Dominicana, ubicadas en el octavo piso de la torre Diandy XIX.
En junio del 2018 la Procuraduría presentó acusación y solicitó apertura a juicio en contra de siete personas implicadas en los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para la adjudicación de obras públicas.
La acusación fue presentada ante el juez de la Instrucción Especial designado por la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández, y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
El 21 de junio del 2019, el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco dictó auto de apertura a juicio de fondo contra Ángel Rondón; Víctor Díaz Rúa; Conrado Pittaluga; Andrés Bautista García; Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
El juez rechazó la solicitud de nulidad del proceso por la publicidad del mismo y la exposición ilegal por entender que el Ministerio Público no fue el responsable de la misma.
Luego la Suprema Corte de Justicia declinó el caso a la jurisdicción de primer grado, porque los imputados no tenían jurisdicción privilegiada.
El decisión de esta tarde será pronunciada por las juezas del Primer Tribunal Colegiado de la Sala Penal del Distrito Nacional integrada por las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes deben decidir el destino de los seis acusados por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht.