Estados Unidos y República Dominicana suscribieron ayer un nuevo Tratado de Extradición que sustituye a otro en vigencia por más de un siglo sin que sus efectos sirvieran de manera significativa a los intereses nacionales relacionados con la seguridad ciudadana y persecución de crímenes y delitos.

El convenio rubricado por el canciller Andrés Navarro y el embajador James W. Brewster, agrega el terrorismo y sicariato a las infracciones que pueden motivar una solicitud de extradición, además la acusación de asesinato, homicidio, lesiones graves, asalto y asalto sexual grave, entre otras infracciones.

La conspiración para introducir y comercializar drogas en territorio estadounidense fue por decenios la previsión más invocada por el Departamento de Justicia para solicitar la extradición de reos dominicanos, por lo que las acusaciones de terrorista o matón a sueldo constituyen novedades jurídicas en ese tratado.

El embajador Brewster sostiene que los tiempos han cambiado, que los crímenes no son los mismos, por lo que la modernización de ese convenio era una tarea pendiente desde hace tiempo. Falta saber si el texto renovado beneficia en algo a los intereses de República Dominicana.

Durante los 105 años de vigencia del anterior Tratado de Extradición no se recuerda un caso de algún estadounidense que haya sido extraditado a Santo Domingo para ser procesado por un crimen perpetrado en territorio nacional.

No se sabe si en ese tratado de cooperación se acredita derecho al Ministerio Público local para conocer de los acuerdos a que arriban fiscales de Estados Unidos con narcotraficantes extraditados, en virtud de los cuales son liberados prontamente y deportados a República Dominicana, donde recuperan todos sus bienes.

Falta saber si el contenido del nuevo convenio no presenta colisión con la Constitución de la República, especialmente con lo relacionado al debido proceso, la imposibilidad de que una persona sea juzgada dos veces por un mismo delito, o la previsión de que su posible condena en Estados Unidos no sea nunca mayor a la pena máxima que prevé la ley penal local.

Ojalá que los negociadores dominicanos hayan logrado que el nuevo Tratado de Extradición entre Estados Unidos y República Dominicana se constituya en un instrumento de cooperación jurídica de doble vía y no en otra forma de coloniaje judicial.