De nada valió querellarse 18 veces ni de colgar en YouTube un vídeo en el que expresa temor de ser asesinada por su expareja. Aun así, Miguelina Altagracia Martínez, madre de cuatro niños, fue muerta de 25 puñaladas por un hombre despechado que previamente le obsequió un ramo de flores.

Esa triste historia acaecida en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago, consterna e indigna a una sociedad que se niega a asimilar el feminicidio como un hecho cotidiano imposible de prevenir ni aun cuando la mujer literalmente se cansa de reclamar auxilio de Policía, Fiscalía y Justicia.

¿Qué más puede hacer una mujer golpeada, acosada y amenazada de muerte por su exmarido, después de querellarse 18 veces ante una autoridad competente? ¿Cómo es posible que un caso como este, en el que la desesperada víctima utiliza incluso las redes sociales para advertir que su vida corre peligro, se convierta en crónica de una muerte anunciada?

Como para deshacerse de responsabilidad por no prevenir o evitar la tragedia, el Ministerio Público alega que la infeliz mujer retiró la querella que había incoado contra quien se convirtió en su asesino. Vale preguntar ¿acaso el desistimiento de la víctima en materia criminal implica automático cese de la acción pública?

En una ocasión, el victimario, Jonathan de Jesús Torres, fue detenido en atención a una querella presentada por Miguelina, pero fue liberado tres días después sin formularle cargos, tras lo cual viajó al extranjero y regresó dos semanas después con la clara intención de asesinar a su ex esposa, lo que cumplió de manera alevosa.

Si el retiro de la querella o denuncia incoada por una mujer agredida o amenazada de muerte por algún individuo despechado significara el fin de la acción pública, entonces un reconocido artista no guardara prisión preventiva, toda vez que la víctima también presentó un acta de desistimiento. Para frenar el auge del feminicidio se requiere de conciencia, diligencia y responsabilidad de jueces, fiscales y policías.

El procurador general, Francisco Domínguez Brito, admite que el sistema judicial falló en el triste caso de Miguelina, la mujer que no pudo preservar su vida pese a querellarse 18 veces contra su verdugo y clamar por justicia a través de las redes sociales. No basta un simple mea culpa. Se requiere de más diligencia y conciencia.

La sociedad no puede ni debe ser indiferente ante el auge de los asesinatos de mujeres a manos de maridos, exparejas o pretendientes, por lo que ese flagelo debe ser combatido por todos los medios posibles desde el ámbito de la educación, prevención hasta la prisión y condena ejemplar para quien intente levantar aun sea un dedo contra una mujer.