Ursula von der Leyen, presidenta Comisión Europea.
Bruselas.- Los agricultores de la Unión Europea (UE) mantienen su oposición al acuerdo comercial con Mercosur tras el anuncio de la Comisión Europea de aplicarlo de forma provisional, un pacto que Bruselas defiende como una “ventaja estratégica” pero que para ellos pone en “jaque” al sector agrícola europeo.
El campo europeo no tardó en reaccionar a la declaración de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien anunció este viernes que, después de su aprobación en Argentina y Uruguay, el pacto comercial entre la UE y los países del Mercosur se empezará a aplicar de forma provisional una vez finalicen los últimos procedimientos legales para su aplicación, lo cual podría suceder en los próximos meses.
Eurodiputados, ministros y organizaciones agrarias criticaron la forma en la que la Comisión planteó esta aplicación, que llegaron a calificar de antidemocrática al no haber esperado a la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.
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“La decisión unilateral de la Comisión Europea de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur es incomprensible”, dijo la ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard.
Copa-Cogeca, que reúne a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo, advirtió en un comunicado que “proceder de esta manera dejará una huella política duradera y podría socavar aún más la confianza entre las instituciones europeas y las comunidades rurales».
Pedro Barato, presidente de la Asociación española Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja), también reiteró en un mensaje desde Bruselas que la decisión de Von der Leyen pone “en jaque” al campo español y europeo, cuando le pedían “más tiempo” para analizar las consecuencias del acuerdo.
Salvaguardas “insuficientes”
El pacto, que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo entre la UE, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, con más de 700 millones de consumidores, lleva negociándose más de 25 años.
