El sacerdote español Christopher Hartley ha vuelto a expresar su enfermiza animadversión contra el gentilicio dominicano, al incoar una demanda ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos por alegado incumplimiento del Gobierno en la aplicación de leyes laborales en plantaciones azucareras contempladas en el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta).

Hartley persigue ahora que el Departamento de Comercio estadounidense despoje a República Dominicana de la cuota preferencial de importación de azúcar o su exclusión del DR-Cafta, basado en alguna resolución de sus autoridades de Trabajo contra supuestos maltratos a trabajadores haitianos.

Antes de esta nueva campaña de difamación, el padre Hartley cumplió largos y extensos periplos de calumnia contra la República, al acusar a sus autoridades de alentar prácticas esclavistas contra inmigrantes del vecino país, en una demostración de odio incompatible con su condición de sacerdote.

Por tratarse de una denuncia relacionada con incumplimiento del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, esa vulgar iniciativa tendría repercusión en toda la región, o al menos a ese nivel de escándalo aspira el controvertido cura que al parecer no perdona que la jerarquía católica haya dispuesto su traslado por su escandaloso comportamiento.

Sin negar que se requiera mayor avance, es de justicia señalar que las condiciones de vida y trabajo de obreros dominicanos y haitianos en las centrales azucareras ha mejorado notablemente, más aun después de implantada la mecanización en el corte y tiro de la caña en los ingenios Barahona, Romana y Vicini.

Ante su rotundo fracaso en tratar de impedir que República Dominicana firmara un acuerdo de Asociación Comercial con Europa o de que fuera excluida del Grupo ACP (África, Caribe, Pacífico), ese señor procura ahora padrinazgo político para que Estados Unidos elimine la cuota preferencia azucarera otorgada al país, o que sea excluido del DR-Cafta.

La Cancillería ha hecho bien con rechazar la instancia elevada por ese señor contra el Gobierno dominicano, aunque se aconseja dar estricto seguimiento a ese expediente, en razón de que ese señor funge siempre como bufón de intereses mayores que desde tiempos inmemoriales procuran que República Dominicana acarree por siempre la cruz del drama haitiano.

La necedad del padre Hartley, esta vez no surtirá el efecto deseado, pues la comunidad internacional reconoce en el Gobierno y pueblo dominicanos acendrado espíritu de solidaridad con Haití y firme voluntad política de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores, incluidos los inmigrantes.