POR: Orlando Gómez
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Si bien no está previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la radicalización de los movimientos en defensa al medio ambiente en nuestro país hace importante la creación de una mesa de diálogo, la que cuanto menos debería establecer un parámetro realista que haga balance de las necesidades de inversión y desarrollo de la República Dominicana y atienda el cuidado a nuestros recursos ecológicos, y la que podría, en el mejor de los casos, llegar a un Pacto Ecológico que sirva de parámetro de largo plazo sobre el enfoque de desarrollo sostenible que desea el país.

Es inaceptable para el clima de negocios dominicano que toda inversión de relativa envergadura sea sometida al acoso del radicalismo ecológico, y que inversiones económicas importantes para el desarrollo de nuestro país degeneren en politiquería que requieran la intervención del Presidente como si el futuro de la patria dependiera de ello. Esto ha sido el caso de la mina de Pueblo Viejo, Loma de Miranda, la carretera Cibao-Sur, las plantas a carbón, la Circunvalación de Santiago, la Circunvalación de Santo Domingo, la cementera, etc.
La preservación de nuestro medio ambiente y la aplicación de medidas de desarrollo sostenible son importantes para el futuro de nuestro país. No obstante esto, permitir la fluidez de las inversiones y garantizar la ejecución pacífica de estas es indispensable para encausar a la República Dominicana en una ruta viable hacia su desarrollo económico. Esto último debe ser también del interés de los ecologistas, siendo que la pobreza es uno de los principales factores que afectan al medio ambiente en el mundo, dado al uso inadecuado y descontrolado de recursos naturales para la subsistencia que suele caracterizarle.

Una de las partes más importantes, e ignoradas, del ya famoso reporte del PNUD sobre la explotación de Loma de Miranda, fue el llamado a nuestro país a dialogar sobre los objetivos de mediano y largo plazo en la explotación de nuestros recursos, nuestras políticas de desarrollo, y evaluar el caso específico de la minería. Una mesa de diálogo tendente a la búsqueda de un Pacto Ecológico atendería ese llamado y serviría como ruta de desahogo al cada vez más radicalizado movimiento de ecologistas que con o sin razón ponen trabas de facto al normal desenvolvimiento de las inversiones en República Dominicana.

Un Pacto Ecológico no solo debe versar sobre los casos puntuales que se encuentran actualmente sobre el tapete, sino que debe apuntar a largo plazo respecto de la explotación de todos los recursos naturales comprobados o que probablemente se encuentren en nuestro lado de la isla, si se desea su explotación y en qué circunstancias realizarla. La mesa de diálogo necesariamente debe incluir a todas las partes interesadas, desde científicos, ecologistas y líderes comunitarios de las zonas afectadas a representantes industriales, las empresas de explotación minera, hoteleros y cualquier sector cuyo negocio sea considerado de alto impacto ambiental.

Crear una plataforma donde se evalúe el desarrollo sostenible del país que incluya a todos los sectores, no solo serviría para canalizar de forma más apropiada las inquietudes de ecologistas de forma que razonablemente sean atendidas por los interesados en la explotación de recursos, sino que permitiría al Poder Legislativo y Ejecutivo tomar las decisiones que más convengan al país sin tener un revolver político apuntado a sus cabezas.