Una juez de la instrucción acaba de evacuar una sentencia rechazando un acuerdo de la Procuraduría Especializada Antilavado, con un grupo de 19 imputados de tráfico de drogas, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, lavado de activos y otras infracciones graves, al considerar que los hechos cometidos son sancionados con penas máximas que exceden el límite objeto en la legislación penal.

La magistrada Patricia Padilla motivó su decisión, afirmando que el pacto suscrito vulnera la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en virtud de que los hechos penales atribuidos están tipificados en el Código Penal que estipula castigos que exceden los cinco años que solicitaba el Ministerio Público.

El grupo, encabezado por los hermanos colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Angel María Buitrago Vacca, pretendía beneficiarse de un juicio penal abreviado, a través del cual, el Ministerio Público negoció una condena de 5 años de prisión con la mayoría de los imputados de cometer infracciones criminales.

Los representantes de la sociedad invocaron la aplicación el numeral 3 del artículo 363 del Código Procesal Penal, cuya aplicación del procedimiento intenta llegar a pactos sobre el monto y tipo de pena sobre el decomiso de bienes muebles e inmuebles, y sobre los intereses civiles si los hubieres, aún a sabiendas de que las penas a imponer son mayores y están contempladas en el Código Penal, normativa que está vigente y que no ha sido derogada y ni abrogada por ninguna ley.

Es censurable, bochornoso e irritante que el Ministerio Público, en su exposición de motivos, hiciera mención que la finalidad del acuerdo procuraba de común arreglo con los encartados, la terminación del proceso preparatorio, humanizar la acción procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia y buscar una solución alternativa de los conflictos sociales.

Mientras la criminalidad crece y se desarrolla, sin vislumbrarse ninguna posibilidad inmediata de detener su ascenso, los encargados de perseguir el crimen hacen pactos con criminales para que puedan salir de la cárcel con una impunidad que llena de asombro y espanto.

No se conocen datos obtenidos de los tratos entre los fiscales con los delincuentes que puedan conducir a ampliar el radio de acción para capturar y someter a la justicia a las cabezas del crimen organizado.