Al jefe de la Policía se le atribuye admitir que en algunos casos de muerte y tortura hubo excesos por parte de agentes de la institución, por lo que debería reclamarse que quienes incurrieron en esas acciones de corte criminal sean sometidos de inmediato a la justicia ordinaria a los fines de que reciban justa condena.

El mayor general José Armando Polanco Gómez ha asegurado que las autoridades investigan casos de denuncias sobre homicidios o golpizas o violación de otros derechos perpetrados por policías contra ciudadanos, pero se requiere que la jefatura policial promueva respuestas contundentes que desalienten el uso injustificado de la fuerza excesiva.

En ningún modo se pide que la Policía disminuya su capacidad operativa para perseguir, esclarecer o contener la comisión de crímenes y delitos, pero la admisión que se atribuye al general Polanco Gómez sobre excesos en que incurren agentes policiales obliga a aplicar medidas drásticas y urgentes.

Entre esos abusos se menciona el de un joven que murió a causa de un balazo en la espalda a manos de agentes policiales que luego pretendieron presentar el caso como el desenlace de un intercambio de disparo, así como el intento de una patrulla policial de apresar a un ciudadano en su residencia sin presentar orden escrita y motivada de un juez.

La Comisión de Derechos Humanos ha denunciado que por lo menos nueve personas han muerto a comienzo de 2012 a manos de agentes policiales, sin que se precise o compruebe que en cada caso los policías actuantes repelieron agresiones a tiros de supuestos delincuentes.

La Policía opera o debería operar ceñida a un protocolo que establece las circunstancias en las que un agente puede o debe recurrir a niveles de disuasión para someter a la obediencia a un sospecho, pero se señala que sólo en casos extremos en los que su vida o integridad física estén en peligro se debe emplear violencia letal.

Además de auxiliar al Ministerio Público en la prevención, investigación y persecución de actos punitivos y de garantizar orden público y propiedad privada, la Policía es también garante de los derechos ciudadanos, por lo que en todo momento sus efectivos deben respetar para poder ser respetados.

Al jefe de la Policía y al Consejo Superior Policial corresponde expulsar a los agentes u oficiales con vocación de matones o sicarios para que nunca más delincuentes ostenten autoridad de perseguir a delincuentes y para que la ciudadanía no albergue temor de que algún malhechor vista de uniforme gris.