El presidente Danilo Medina al parecer se ha quedado aislado, sin el respaldo de la clase política y la Iglesia, para aplicar una Ley de Naturalización que plantearía un reconocimiento del estatus migratorio de los “haitianos ilegales” que reclaman la nacionalización dominicana y por la que el Gobierno tiene presiones internacionales y de la sociedad civil, a lo que se agrega que tiene la limitación sin rejuego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El jefe del Estado está atrapado entre los que respaldan la sentencia 168-13 y los que la atacan, se suman países que interfieren en los asuntos internos y otros que respetan la decisión que se tome, pero nadie cede un ápice.
Según una fuente de crédito, por la Ley de Naturalización el presidente Medina ha consultado a los presidentes de los partidos, al Congreso y las iglesias, con lo que estaría creando condiciones legales para el reconocimiento de actas de nacimiento de muchos indocumentados.
Las reuniones entre los gobiernos dominicano y haitiano se han cancelado, porque los representantes haitianos esperan que la Ley de Naturalización favorecerá a parientes de sus conciudadanos, que dicen ellos pasan de 200 mil, pero que una auditoría de la JCE establece unos 13 mil.
El excónsul Edwin Paraison, atribuyendo a información suministrada por el vocero de comunicación del presidente Michael Martelly, dijo que la reunión que se haría hoy fue suspendida porque no se había enviado esa ley al Congreso.
Grupos minoritarios llevaron el tema ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, por supuestas violaciones a derechos de dominicanos descendientes de haitianos, lo que provocó críticas directas como racista contra el país, incluso el Caricom pidió dejar sin efecto la sentencia. Medina en la cumbre de la CELAC, en Panamá, rechazó de forma enérgica que el país sea racista y dijo que ese término es inaceptable.
Auto incriminarse
Para los que defienden la sentencia del TC, que fue una ratificación de la sentencia evacuada por la Suprema Corte de Justicia del 2005, presidida por Jorge Subero Isa, reconocer el estatus de los indocumentados, en una nacionalización de los casos tratados por la alta corte, significaría que el país se auto incrimina frente a organismos internacionales, donde han acudido a defender la soberanía migratoria.
Reconocen que el presidente Medina tiene el interés de querer resolver ese problema que ha concitado las críticas de países del Caricom, de ONG de Estados Unidos, y presiones del Gobierno haitiano, pero que sectores internos de la sociedad civil crean ruidos para influir una violación a la sentencia del TC.
Esta sentencia establece que los hijos de extranjeros de residentes indocumentados en el país no son dominicanos, pero ordena una regularización de extranjeros desde el 1929 hasta la fecha y manda la formación de una Ley de Naturalización, que está en manos del jefe del Estado pendiente a ser enviado al Congreso.
El mandatario no buscó esta crisis desatada por la sentencia, pero la sentencia del Tribunal Constitucional lo pone en el centro de la atención, porque como jefe del Estado tiene que aplicarla, porque es vinculante.
En el argot popular se diría que el jefe del Estado literalmente “estaría como la arepa” (candela por arriba y candela por abajo), por las presiones públicas de figuras estelares que reclaman una solución, pero respetando la sentencia emanada por la alta corte, como son los casos del expresidente Leonel Fernández, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y el opositor Miguel Vargas .
El presidente Medina, quien no pudo consensuar siquiera esa ley entre sus funcionarios que forman parte del Consejo Nacional de Migración, debido a que de cuatro miembros, tres rechazaron dos proyectos de amnistía presentados por Gustavo Montalvo.
Esa amnistía fue rechazada por José Ramón Fadul, de Interior y Policía, César Pina Toribio, Consultor Jurídico, y Roberto Rosario, presidente de la JCE, comisiones que tienen más de dos meses que no se reúnen.
En defensa de la sentencia se han expresado el expresidente Fernández, la Fuerza Nacional Progresista y su presidente Marino Vinicio Castillo, Miguel Vargas, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, y el cardenal López Rodríguez ha sido más enérgico, ha dicho que nadie está por encima de la sentencia, que aquí no manda Francia ni ningún otro país y que hay una conspiración internacional contra el país.
UN APUNTE
Ministros
La reunión entre el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe se pospuso para otra fecha, pero sí se programó para hoy una reunión en Pettion Ville entre los ministros de turismo, de salud pública y de Industria y Comercio de ambas naciones.
