La mayoría de los lectores de El Nacional digital favorece que el procurador general de la República se abstenga de opinar sobre las denuncias de corrupción hechas en Haití y el país contra el senador de San Juan, Félix Bautista, secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al responder la pregunta ¿Debe el procurador inhibirse en el caso de Félix Bautista?, en el sondeo diario, el 66 por ciento respondió de manera afirmativa, mientras el 34 por ciento restante respondió que no.

Abogados del Partido Revolucionario Dominicano exhortaron al procurador Jiménez Peña a que se abstuviera de emitir opinión respecto a la acusación de corrupción contra Bautista, porque figuró como su abogado en un expediente judicial por presunta sobrevaluación en la construcción de la carretera San Juan-Valle Nuevo durante la primera gestión de Leonel Fernández. Jiménez Peña ordenó que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría (DPCA) investigue las denuncias.

Caso de Narcisazo

De manera mayoritaria, los lectores consideraron justa la sentencia contra el país por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el secuestro y asesinato del catedrático universitario Narciso González (Narcisazo).

El 54 por ciento contestó de forma afirmativa a la pregunta del sondeo de El Nacional digital ¿Cree justa la sentencia sobre el caso Narcisazo?, el restante 46 por ciento se pronunció contrario a la condena que afectó a República Dominicana.

En el dispositivo también se estableció una indemnización de 360 mil dólares para la viuda y los hijos del Narcisazo y el pago de honorarios a los abogados que los representaron ante la CIDH.

El catedrático universitario desapareció el 24 de mayo del 1994, luego de que fuera apresado por pronunciamientos contra el entonces presidente Joaquín Balaguer y el fraude electoral cometido contra el líder opositor José Francisco Peña Gómez.

Recursos en campaña

De manera abrumadora, los lectores consideraron que la Junta Central Electoral (JCE) no podrá controlar que los partidos políticos utilicen en la campaña promocional de sus candidatos recursos ilegales.

A la pregunta ¿Podrá la JCE regular el uso de recursos ilegales en la campaña?, el 86 por ciento dijo que no.