Los bajos salarios, evasión de pago a la Seguridad Social y violación a los derechos de libertad sindical, fueron denunciados ayer por las centrales sindicales al comparecer en la 105ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se desarrolla en Ginebra desde el día primero.
Jacobo Ramos, Rafael Abreu (Pepe) y Gabriel del Río, dijeron que es preocupante ver que cada día los trabajadores públicos y privados, pensionados y jubilados, se hunden en la pobreza, porque con sus ingresos no pueden cubrir ni el 50 por ciento del costo de la canasta básica.
Indican que el Banco Central avala con estudios, que desde 1979 el poder adquisitivo de los salarios se ha disminuido en un 35%, y para recuperarlo es necesario aplicar de manera consecutivas cinco incrementos en igual período.
Ramos acotó que a 14 años de aprobada la ley de Seguridad Social, ésta sigue creando inequidades que permiten que trabajadores informales permanezcan excluidos, igual que los pensionados y jubilados carezcan de protección de seguros de salud.
Deploró que “en vez de mejorar se implementa previsionalmente un sistema de capitalización individual, donde se piensa más en acumular ganancias por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y no en el derecho a un retiro digno que deben gozar los trabajadores”.
Pepe Abreu en su intervención en la 105ª conferencia de la OIT dijo que la protección social es uno de los elementos que tipifica una adecuada protección social, con seguridad que garantice los derechos a sus beneficiarios.
Confían que el Gobierno ratifique los convenios 183, sobre protección a la maternidad paternidad, 187 sobre seguridad y salud en el trabajo y el 102 sobre los pisos mínimos de protección social, que acogió el país vía a través del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno de incluir en el Seguro Familiar de Salud a 50 mil trabajadoras domésticas y sus dependientes, y de ratificar el Convenio 189 de la OIT, para que este grupo laboral disfrute de trabajo decente”, señaló Abreu.
Del Río explicó que desde República Dominicana emigran sus trabajadores a otros países, pero que a su vez recibe migrantes de Haití, y en ambos casos se debe esclarecer el estatus de los trabajadores que están en esa situación.
“Hay que corregir las falencias contenidas en la ley 87-01, el movimiento sindical plantea una profunda modificación, porque en nuestro país sigue pendiente la igualdad de derecho de los trabajadores a organizarse en defensa de sus intereses, como las tienen los empresarios que se aglutinan en organizaciones, pero a los empleados les limitan esos derechos”, anotó Abreu.
Expuso que a los trabajadores del banano, proyectos económicos auspiciados por organismos internacionales, incluyendo la OIT, les impiden sindicalizarse. “Hay represión en empresas estatales, privadas y de otras aéreas de la economía, en las cuales no hay garantía a la libertad sindical y a la negociación colectiva, entre estos los controladores aéreos, Edenorte, Sitracoraasan, Barrick Gold y los Call Center”.
UN APUNTE
Código
Los sindicalistas rechazan que los empleadores para proteger las Pymes quieran modificar el Código Laboral, recortando derechos contractuales y económicos, afectando al empleado con derechos adquiridos y a futuros empleados
