La ratificación que ha hecho el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) a la resolución que establece que los resultados electorales se transmitirán simultáneamente a los partidos políticos, medios de comunicación y centro de cómputos del organismo, se interpreta como un voto de confianza a la madurez institucional que se supone ha alcanzado la sociedad dominicana.

Aunque de manera pública, partidos y candidatos alegan acoger o no temer a que las actas que emitan los colegios electorales sean transmitidas a medios de comunicación, lo cierto es que en documentos escritos esa iniciativa ha sido objetada bajo el criterio de que pueden ser divulgadas o proyectados sus resultados de manera irresponsable.

Los partidos políticos siempre reciben esos resultados por vía de la JCE o por intermedio de sus delegados ante las mesas electorales, por lo que la novedad lo constituye que esos documentos sean enviados a medios de comunicación en tiempo real, bajo el criterio de que nada hay que ocultar o dilatar.

La única condición que ha impuesto el pleno de miembros de la JCE es que esas actas electorales sean validadas por los colegios, por lo que los resultados en cualquier demarcación electoral se convertirán en documentos de rápido y fácil acceso para la prensa y, por consiguiente, para la ciudadanía.

Los jueces electorales han establecido también que sólo se emitirán cinco boletines sobre cómputos electorales, incluido el final que determinará el partido o alianza de partido ganador de las elecciones convocadas para el 20 de mayo, otro paso de avance en materia de transparencia electoral, pues evita que atrasos a veces programados en ofrecer resultados de la votación se presten a la comisión de irregularidades o a malas interpretaciones.

Los medios de comunicación están en deber y condición de ofrecer absoluta seguridad de que las actas recolectadas por los mecanismos establecidos por la JCE tendrán un uso responsable y ético en materia de información y divulgación, en el entendido también de que la violación a la ley electoral o a la propia ley de prensa conlleva problemas de orden penal y civil.

Candidatos y partidos que se han puesto las manos sobre la cabeza al saber que la prensa tendrá acceso inmediato a las actas de votaciones, no deberían temer al ejercicio pleno del derecho de la población a estar debidamente informada sobre un evento de excepcional importancia como serán los comicios a efectuarse dentro de 22 días.

Esa ratificación del Pleno de la JCE constituye un acto de reconocimiento a la consolidación alcanzada por el espacio democrático y a la madurez que ha mostrado la población en eventos electorales anteriores, cuyas fallas o defectos han sido atribuidos al liderazgo político y no a la prensa.