Es posible que el nuevo administrador de la Lotería Nacional, José Francisco Peña Tavárez, sea un técnico calificado, con condiciones para sacar esa entidad de la crisis financiera que la ha llevado a atrasarse hasta en el pago a sus empleados. Sin embargo, su competencia no parece la razón por la cual el presidente Leonel Fernández lo designó en el cargo.

La percepción es que con el nombramiento en una entidad debilitada por el clientelismo y el despilfarro de una persona de quien se ignoran sus credenciales profesionales, el mandatario ha querido halagar, para retenerlo como aliado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al padre de Peña Tavárez, que no es otro que el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba.

La designación ocurre menos de 72 horas después que Peña Guaba había anunciado la ruptura de su alianza de 12 años con el PLD y de que circularan intensos rumores de que apoyaría al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, en las próximas elecciones.

Del presidente del BIS se decía que aspiraba la administración de la Lotería o de Bienes Nacionales. Pero por las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas durante su gestión en el organismo era una burla de la opinión pública designarlo nuevamente al frente de la entidad. Y como para guardar las apariencias se optó por el hijo.

Antes que un nombramiento que por demás deja la impresión de que la Lotería ha sido entregada como botín político lo que se imponía, y todavía se impone, es una investigación con garantía de que se procederá contra los responsables, si los hubiere, para determinar la causa de la bancarrota.

Además de denuncias de escandalosas anomalías que se han quedado en el aire, auditorías de la Cámara de Cuentas han patentizado graves irregularidades en diferentes gestiones sin que el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) ni ninguna otra entidad haya movido una paja.

La crisis actual, que ha motivado un subsidio especial de 40 millones de pesos para pagar los sueldos de los empleados, es todavía una ocasión propicia para investigar las operaciones financieras de la entidad. Lo que se sabe al respecto es lo que ha explicado su removido administrador, Enrique Martínez, de que la última reforma fiscal cercenó la función del organismo.

Son razonables las dudas de que Peña Tavárez ha sido designado para sanear y poner la entidad en condiciones de cumplir su función social. Lo que se percibe es que su nombramiento ha sido, más bien, con el propósito de entregarla como botín político al partido de su padre, y de esa manera retenerlo en el redil oficialista.