De nuevo la Corte Internacional para los Derechos Humanos llama la atención a la República Dominicana por el incumplimiento de la sentencia impuesta en el 2005 en relación a la violación de los derechos humanos de dos niñas (hoy adultas) Dilcia Yean y Violeta Bosico, a quienes el Estado negó la emisión de actas de nacimiento tardía. El Estado ahora prefiere guardar silencio ‘haciéndose el sueco” para no contrariar la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional del 2014.

Los hechos del presente se iniciaron el 5 de marzo de 1997, cuando las madres de las menores comparecieron con sus hijas ante la Oficialía Civil de Sabana Grande de Boyá, con la finalidad de solicitar el registro tardío de sus nacimientos. Las niñas habían nacido en República Dominicana y su ascendencia era haitiana. A pesar de contar con los documentos requeridos, se denegó el registro.

El Estado mantuvo a las niñas en un limbo legal en que, si bien existían y se hallaban insertadas en un determinado contexto social, su existencia misma no estaba jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica. A pesar de que a las niñas se les otorgó la nacionalidad en septiembre del 2001, el Estado nunca se disculpó, ni pagó la indemnización que le fue impuesta.

En una resolución publicada el pasado 23 de abril, el Tribunal Interamericano indicó que el país no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas. Además, dijo que, si tiene competencia para conocer casos de la República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano en noviembre de 2014 que no tiene validez en el derecho internacional”.

El argumento inicial del Estado, sobre la alegada falta de competencia de la Corte Interamericana ha pasado a un segundo plano, para dar paso al argumento de que las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Es deber del Estado dominicano adoptar medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de las reparaciones pendientes e informar a la Corte de los pasos adoptados en este sentido. La sentencia del del TC fue un “tollo” del que tenemos que desprendernos. Nuestros políticos parecen no querer esperar las elecciones del 2020 para traer de nuevo el tema haitiano.