Contrastando al menos las opiniones de calificados juristas sobre el acuerdo de la Procuraduría General de la República con el consorcio Odebrecht, se puede concluir que el convenio podrá no ser el ideal, pero sin duda es bastante bueno. Tiene en su contra la imagen de la empresa por las prácticas corruptas que admitió para conseguir las obras y la falta de confianza en Jean Alain Rodríguez para penetrar hasta el fondo en las investigaciones, sin dejar ningún cabo suelto.
Hasta donde se sabe, con los 184 millones con que la firma resarcirá al Estado por los 92 millones que pagó en sobornos no se detiene la investigación sobre las prácticas corruptas en perjuicio de la población.
El jurista Eduardo Jorge Prats, asesor técnico de la Procuraduría, explicó que si la constructora “no suministra dentro del marco del compromiso asumido de colaboración las informaciones requeridas por el Ministerio Público, de inmediato el acuerdo queda sin efecto y tendría consecuencias penales contra los responsables directos y la misma empresa”. “En esa parte”, agregó, “se ha sido claro y categórico y no está sujeto ese aspecto a otra negociación”.
Es muy significativo que República Dominicana es el único país latinoamericano, después de Brasil, que ha logrado una indemnización que duplica el monto de los sobornos. Pero como en toda negociación siempre las partes tienen que ceder algo, como explicó el abogado Julio Cury, Odebrecht continuará trabajando con las plantas de Punta Catalina, sin impedimento para licitar o participar en otras obras.
Se tiene que estar consciente de que al margen de que pueda maniobrar, despojar de las obras que ejecuta un consorcio de tanta calificación técnica tendría lesivas consecuencias económicas y sociales. Mientras tanto, con el acuerdo, la firma no podrá despedir a sus miles de empleados y se compromete a concluir los proyectos en las condiciones y los plazos establecidos. La sensatez indica que mejor de ahí se daña.
Aunque ciertamente haya en juego muchos intereses, la dignidad incluida, solo con lo largo y costoso que resultan los procesos judiciales, un arreglo, por demás tan satisfactorio, era la mejor fórmula. Por supuesto, el procurador general de la República, aunque se haya anotado un triunfo con la negociación, tiene que saber que no puede conformarse con el trato, sino que debe escarbar hasta dar con quienes hayan defraudado al Estado y hacer que paguen por sus acciones.
Las reservas e incluso el rechazo que ha generado el acuerdo, así como la percepción en determinados sectores de que no habrá justicia sobre el escándalo de corrupción obligan al Ministerio Público a despejar, con acciones creíbles, cualquier sombra que pueda interpretarse como signo de impunidad.
