Solo seis abogados se han postulado para optar ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por una de las tres plazas vacantes de la Suprema Corte de Justicia, clara señal de falta de interés o desidia que debería preocupar a la sociedad.
Ojalá que el exiguo número de profesionales del derecho que hasta ayer formalizaron aspiraciones a formar parte del más alto tribunal de la nación haya sido por alguna dificultad en acceder al formulario de inscripción, pero puede ser también por el temor de muchos al qué dirán.
Es verdad que la colectividad aspira y reclama que el CNM seleccione a juristas probos, instruidos y con acendrada vocación de independencia, pero también es cierto que litorales políticos o corporativos procuran que se nombren a bufones suyos en las altas cortes.
Ocupar un asiento de juez en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia debe ser el más alto peldaño a que aspire un magistrado de carrera o un abogado con vocación de servicio, pero son pocos los togados que arriesgarían que su buena fama sea lapidada en pasillos mediáticos o bailoteada en redes circenses.
Los aspirantes a la Suprema Corte, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral solo deben presentar una hoja de vida con probada garantía de competencia, probidad, vocación y experiencia, pero ningún ciudadano puede ser expuesto a injustificados escarnios por pretender servir a su país desde una posición del Estado.
Ninguno de los postulantes debería ser descartado por razones políticas, étnicas o religiosas, como tampoco debería nombrarse por alguna de esas razones, porque lo que debe primar es la competencia, vocación y honorabilidad.
Es verdad que no pocos servidores públicos han traicionado la confianza en ellos depositada por el Presidente de la República o por los electores, pero se advierte que muchos ciudadanos con talento, probidad y deseos de servir, no acceden a la Administración Publica por temor a quedar atrapados entre fieras de intereses políticos o corporativos.
Lo mejor sería alentar a todos los profesionales del derecho que crean reunir las condiciones de ley a optar por una membresía en la Suprema Corte de Justicia o en cualquiera de las instituciones jurídicas que conforman las altas cortes, en el entendido de que la sola postulación constituye un altísimo honor.
