“Merengueo”

La Junta Central Electoral (JCE) ha  apoderado al  Ministerio Público de sendas instancias sobre la  formación de grupos paramilitares para suplantar la autoridad durante el día de las elecciones y de un supuesto intento por sabotear la transmisión de resultados electorales, denuncias muy graves que no deberían nacer natimuertas ni  ser objeto de  convenientes “merengueos políticos”.
El presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, dijo a Listín Diario que entregó a los fiscales una lista con nombres de  alegados integrantes de esas  formaciones  paramilitares y también  lugares y equipos desde  donde se habría procurado abortar la transmisión de los boletines electorales.
No resultaría saludable en lo jurídico ni en lo institucional que las autoridades dejen a la población  con las manos en la cabeza ante la denuncia  de que  se formaron grupos armados para sustituir  durante la fecha del sufragio la autoridad de la Policial Electoral o de que se intentó sabotear la transmisión de los resultados de las votaciones.
Como experimentado jurista, el doctor Rosario Márquez debería  saber que él, en su condición de  titular de la JCE, está compelido a sustentar esa denuncia  en todas las fases de la investigación penal, porque su responsabilidad no concluye con el anuncio de que ha tramitado esos expedientes hacia la jurisdicción correspondiente.
Denunciar -como lo ha hecho el presidente de la JCE- que sólo en Monte Plata y Boca Chica se montaron operativos paramilitares con más de cien personas  con armas de fuego carentes de permiso legal, constituye una denuncia gravísima que no puede ser ignorada ni mal investigada por el Ministerio Público.
El procurador general y la fiscal del Distrito fueron apoderados de nombres de supuestos paramilitares que operaron en distintos colegios electorales el día de las elecciones y lugares   donde alegadamente se instalaron plataformas tecnológicas para boicotear la transmisión de los resultados electorales, por lo que se reclama  la inmediata apertura de una investigación seria, libre de prejuicios políticos.
En virtud de la ley, la seguridad de todos los recintos electorales estaba a cargo de la Policía Militar Electoral, que se  instituye tan pronto la JCE emite la proclama de apertura de la campaña electoral, por lo que la supuesta integración de grupos paramilitares para  sustituir a esa institución, constituye un hecho grave, gravísimo, que requiere la mayor atención de las autoridades.
Se requiere, pues, que sin temor ni pasión, el Ministerio Público asuma la investigación sobre  tan gravísima denuncia, que ofrezca nombres y demás generales de los involucrados en esos  supuestos grupos paramilitares, sin  dosificar las diligencias procesales para adecuarlas a intereses o coyunturas políticas, porque un asunto tan serio no se puede “merenguear”.