La Junta Central Electoral (JCE) emitió el viernes la proclama de inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones del 18 de mayo, en las que serán elegidos el presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados. Será una competencia corta e intensa con apenas dos meses y diez días de proselitismo.
Centenares de aspirantes por más de 30 partidos pugnarán por figurar entre los 32 senadores a escoger, 178 diputados locales, cinco nacionales, siete representantes de la comunidad dominicana en el exterior y 20 legisladores al Parlamento Centroamericano.
La mayor movilización electoral se centrará en las candidaturas a presidente de la República, en torno a la cual competirán nueve candidatos, incluidos el actual mandatario Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el saliente alcalde de Santiago, Abel Martínez.
En la proclama de la JCE se establece un tope de gastos para las candidaturas y un límite en los montos en aspiraciones individuales, así como también en los gastos de campaña de los partidos, una regla que seguramente ninguna bandería cumplirá ni tampoco los infractores serían sancionados.
El órgano de elecciones estableció un tope de gastos para los candidatos presidenciales de RD$122.50 por elector, lo que sumaría 993 millones 745 mil 876 pesos, cifra que seguramente será sobrepasada con creces, lo que pondría en riesgo el principio de igualdad y equidad en el certamen electoral.
Candidatos a puestos congresuales tendrían un límite de gastos de campaña de 105 pesos por votante a nivel provincial y los diputados por circunscripción, pero se sabe que muchos aspirantes invierten decenas de millones de pesos en su proselitismo.
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Los partidos políticos tendrían un gasto máximo RD$14,254,709, cifra insignificante para algunas banderías acostumbradas a tirar las puertas por las ventanas, aunque la JCE ha señalado que los candidatos o colectividades que excedan del monto establecido serán sancionados con multas equivalentes al triple del monto excedido.
Emitida la proclama de inicio oficial de la campaña electoral, y por el bien de la democracia y la convivencia, gobierno, partidos, candidatos y autoridades electorales están compelidos a garantizar elecciones libres, transparentes y concurridas, sostenidas en el principio de legalidad, equidad e igualdad.
