La criminalidad y los feminicidios se convierten en la peor pesadilla de una población obligada cada día a contar los muertos a manos de hombres despechados o de delincuentes comunes que reparten luto y dolor por todo el territorio nacional. El rosario de asesinatos perpetrados en un solo día incluye la muerte del joven Claudio Francisco Caamaño Vélez, de 26 años, muerto de un balazo en la cabeza a manos de un antisocial que intento matar a otra persona, y de un ciudadano haitiano a quien sus victimarios persiguieron hasta el recinto de la Universidad Autónoma, donde lo ultimaron de tres disparos. También, la joven Joselyn Rodriguez, de 29 años, asesinada a balazos en Montecristi por su ex marido, que previamente la había raptado y que tras asesinarla, arrojo si cadáver a la carretera y lo arroyo con su vehículo. Otra muchacha, María Alicia Perez, de 20 años, también fue asesinada a tiros por su ex pareja, en Esperanza.

En el barrio Las Mercedes, otro desalmado mato a su ex mujer, Santa Inés Garcia, de 42 años, madre de cuatro hijos, de una estocada con un cuchillo de 25 pulgadas, en un asesinato que ha consternado a esa comunidad de Los Guaricanos.

Durante este año los casos de feminicidios suman 42 muy superior en proporción a años anteriores cuando las estadísticas sobre asesinatos de mujeres alcanzaron niveles escandalosos, mientras los homicidios a manos de delincuentes comunes se incrementan en forma preocupante.

Se insiste en señalar que los fiscales no son educadores ni los jueces sacerdotes, por lo que la misión de los primeros es de perseguir y someter a la justicia a los inculpados en crímenes y delitos, y la de los segundos aplicar con todo rigor la condena que corresponda a los culpables de violar el Código Penal Vigente.

Que no se hable más y se aplique todo el peso de la ley a los asesinos de mujeres y a los delincuentes que atracan, roban, secuestran y matan a ciudadanos indefensos. La educación corresponde a los maestros y la confesión a los sacerdotes, pero la ley y el castigo es atribución de jueces y fiscales. La sociedad toda esta compelida a monitorear los flagelos del feminicidio y de la criminalidad y ejercer debida presión y reclamo a los poderes públicos para que cumplan con su deber de proteger a la ciudadanía a cualquier costo.