La Suprema y la sentencia.-
La designación por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de 12 jueces de la Suprema Corte y la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la disposición de la ley de Partidos que penaliza difundir mensajes negativos por las redes sociales, son señales auspiciosas de que la institucionalidad se consolida.
Se mercadeó el temor de que la elección de esos jueces estaría matizada por el interés del Gobierno y del partido oficial de controlar o ampliar su influencia a la SCJ, pero la sociedad parece recibir con agrado los nombres de los magistrados escogidos.
No se niega que la ausencia de la magistrada Miriam Germán entre los seleccionados ha dejado un sabor amargo porque esa decisión del CNM estuvo precedida de un escarceo impropio e innecesario contra su reputación o buena fama.
Fueron tantos los buenos prospectos que se presentaron para ser evaluados, que sobran motivos para lamentarse porque alguien no fue incluido en la nueva lista de jueces y también porque algún magistrado no fue ratificado, lo que habla bien de la potencialidad que posee la judicatura en términos de eficiencia y ética.
El designado presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, ha ingresado por los portones del aprecio ciudadano, lo que se atribuye a su innegable don de gente, a que fue fundador de la Escuela Nacional de la Magistratura y a que ha sido funcionario público y gerente en la sociedad civil apegado a la decencia y a la prudencia.
Todos los jueces seleccionados son entes activos de la comunidad jurídica, la academia y la sociedad en las que interactúan sin máculas morales ni tampoco asediados por rumores sobre inconducta ciudadana, pero si con el reconocimiento en torno a sus capacidades o especialidades.
Claro está, a esos honorables magistrados corresponde la trascendente misión de promover reforma judicial y de consolidar una jurisprudencia basada en la Constitución, la ley y el debido proceso, sin la cual no avanzaría ni se consolidaría el proceso democrático.
La decisión del TC que anula un tipo de sanción contenida en la ley 33-18 que se traduce en censura a la libertad de expresión, se recibe como un gran espaldarazo a la democracia e institucionalidad, aunque se admite que las redes sociales son usadas con frecuencia como cloacas de infamia.
La motivación de esa sentencia debe ser de gran valor jurídico, motivo de estudio y discusión en las escuelas de derecho, comunicación y en los partidos, porque hace falta que el suero de la libertades públicas y derechos individuales se inyecte en toda la anatomía de la sociedad.
La nueva Suprema Corte de Justicia y el ímpetu del Tribunal Constitucional constituyen buenas noticias para la democracia e institucionalidad de la República. Así lo creo.
