El abogado Dionisio Ortiz Acosta aseguró que la reciente ordenanza emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que declara nuevamente como litigante temeraria a la señora María Amelia Hazoury y a sus abogados, confirma un patrón reiterado de actuaciones ilegales y de manipulación del sistema judicial, tras las trabas legales que impiden a unas 400 familias adquirir sus viviendas pagadas a la Inmobiliaria Don Juan, en La Romana.

Ortiz Acosta explicó que la ordenanza número 026-03-2025-SORD-00226 robustece los planteamientos previos, al provenir de un tribunal de segundo grado que ha revisado y validado las decisiones de primera instancia, reafirmando que las acciones promovidas por la señora Hazoury, hija de Abraham Hazoury, y sus abogados carecen de sustento legal y constituyen un uso indebido de las vías procesales.

“Se trata de una decisión de alto impacto jurídico. Es una ordenanza dictada por la Corte de Apelación, que es el segundo grado de nuestro sistema judicial, cuya misión es revisar la correcta aplicación de la ley”, precisó.

Subrayó que “en este caso, se confirma lo valorado en primera instancia y, nuevamente, se impone la sanción por litigación temeraria en contra de la señora Hazoury. Esta decisión constituye un reconocimiento formal, claro e inequívoco de que las actuaciones desplegadas en contra del señor Juan Rafael Llaneza y sus empresas son ilegales y contrarias al debido proceso”.

Señaló que la Corte de Apelación estableció que existe una “irregularidad manifiesta” en las actuaciones de la señora Hazoury, al comprobarse que, “pese a tener pleno conocimiento de la improcedencia de las diligencias realizadas, ha optado por reiterar su conducta procesal, invocando fundamentos que ya habían sido cuestionados”.

Puntualizó que esta decisión judicial surgió a raíz de acciones que afectaron a la empresa Fleet Capital International, SRL, la cual fue objeto de oposiciones a pago y procesos judiciales improcedentes. “Esta sociedad pretende ser arrastrada al conflicto por la partición de bienes, en el curso del divorcio, aún no concluido, entre el señor Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury, a pesar de que dicha empresa no forma parte de la comunidad matrimonial”, dijo.

Recordó que, como consecuencia de actuaciones similares, ilegales y recurrentes, los tres abogados de la señora Hazoury —Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Albuquerque, de la oficina León & Raful— tienen dos expedientes disciplinarios abiertos ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados.