En un suceso tan insólito como indignante, el gobernador de la provincia María Trinidad Sánchez impidió con un contingente militar el decomiso en un supermercado de Nagua un lote de productos con fechas vencidas o en mal estado que realizaban inspectores del Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor).

El señor Ricardo Pichardo dispuso del operativo militar para impedir que la institución oficial se incautara de miles de artículos vencidos o que no estaban aptos para el consumo humano, bajo el alegato de que la acción le causaba daño político y de que las autoridades debían previamente comunicarse con él.

Un funcionario que, conforme a la ley, representa al Poder Ejecutivo en esa demarcación provincial, incurre en abuso de poder al disponer el uso de la fuerza pública para evitar que un órgano del Estado cumpla con un mandato constitucional de preservar la salud de los consumidores. Ese señor se cree con tanto poder para incurrir en atropello o ridiculez como evitar que se cumpla con la ley, como ha sido el abuso de usar personal militar para impedir que inspectores de Pro Consumidor decomisaran artículos de consumo en mal estado o con fecha de vencimiento expirada, entre los que figuraban embutidos, leche, emparedados, bebidas energizantes y gaseosas.

En cualquier otra nación civilizada del planeta, el señor Ricardo Pichardo no sería hoy gobernador provincial y posiblemente sería procesado judicialmente por obstruir el desempeño de una autoridad legítima, pero en República Dominicana lo más probable es que se le otorgue un premio por semejante comportamiento.

¿Estamos locos?

La Fiscalía de la provincia Santo Domingo ha roto el récord mundial de ineptitud o los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de ese distrito estarían ciegos y sordos al disponer la absolución de un individuo acusado de la comisión de 36 asesinatos. O tal vez el prevenido es un inocente angelito. Raúl Serumberto Reynoso (Vantroi), sometido a la Justicia por el asesinato de 36 personas, incluido un sargento de la Fuerza Aérea, fue descargado por insuficiencia de pruebas, conforme a sentencia del tribunal colegiado que consideró que la Fiscalía no presentó pruebas que comprometieran la responsabilidad penal del imputado. La Policía asigna a Vantroi un extenso prontuario criminal que incluye decenas de homicidios agravados, pero el Ministerio Público no pudo presentar el fardo probatorio que sustentara el pedido de 30 años de prisión. ¿Acaso se trata de una sentencia benigna o venal? La Fiscalía de Santo Domingo o ese tribunal colegiado han actuado con negligencia o incompetencia porque no es común que un justiciable acusado de 36 asesinatos sea descargado por insuficiencia de pruebas. ¿O es que nos estamos volviendo locos?