Más que gala de patriotismo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en cuyas gestiones se han denunciado grandes escándalos de corrupción, parece autoincriminarse al oponerse al acuerdo con Estados Unidos para impulsar una ley de extinción de dominio.

El acuerdo suscrito por el presidente Luis Abinader y la embajada de Estados Unidos, representada por el encargado de negocios, Robert Thomas, persigue recuperar los bienes sustraídos al Estado a través de la corrupción.

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, ha restado incluso jerarquía a Thomas por su condición de encargado de negocios de la sede diplomática.

Desde la partida de la embajadora Robin Bernstein, Washington no ha designado una representante en el país. Mariotti puede tener razón al criticar la fecha que se eligió, 28 de abril, para suscribir el acuerdo.

Ese día se conmemoró el 56 aniversario de la infame invasión de Estados Unidos a República Dominicana para frustrar la lucha del pueblo por el retorno a la institucionalidad con la reposición en el poder del profesor Juan Bosch, derrocado el 25 de septiembre de 1963 por un golpe de Estado.

Pero es muy diferente cuestionar un convenio por medio del cual Estados Unidos aportó 6.6 millones de dólares para la reforma de la Policía, sino que se compromete a cooperar con el fortalecimiento de las instituciones y la aplicación de leyes para enfrentar la criminalidad y recuperar los caudales de la corrupción.