Leyda Rivera de Berroa, Josefina Ureña y Gabriel del Río Doñé durante el encuentro en la sede de confederación.
La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) sostuvo hoy que la implementación de la cápita diferenciada por edad y sexo afecta la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud (SFS).
La entidad sostiene que esa decisión, aprobada mediante la Resolución 624-02 por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), lejos de fortalecer el sistema, afecta directamente a trabajadores, empleadores y al propio Estado dominicano.
En tal sentido, una delegación de ADIMARS, encabezada por su presidenta, Leyda Rivera de Berroa, visitó ayer las instalaciones de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), donde sostuvo un encuentro con dirigentes y trabajadores con el objetivo de concienciar sobre los riesgos de dicha resolución.
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Allí, los ejecutivos de ADIMARS reafirmaron su compromiso con la defensa del principio de solidaridad, la protección de los derechos de los afiliados y la construcción de un sistema equilibrado y competitivo.
Rivera de Berroa manifestó que, como entidad, valora que el debate sobre el financiamiento esté en la agenda pública, pero advirtió que soluciones mal diseñadas pueden profundizar los problemas estructurales en lugar de resolverlos.
Fue enfática al señalar que, de materializarse la cápita diferenciada solo por edad y sexo, como plantea el Consejo Nacional de la Seguridad Social, unas 10 ARS correrían el riesgo de desaparecer, lo cual no conviene al país ni al sistema de seguridad social.
De su lado, el consultor de la entidad, Elías Pacheco, aseguró que no se han realizado los estudios correspondientes y que la Superintendencia no ha presentado un análisis actuarial serio. “Por el contrario, se están elaborando tarifas dedocráticamente, no actuarialmente; con el dedo, no con ciencia”, afirmó.
En tanto, Josefina Ureña, coordinadora, señaló en distintos espacios institucionales y medios de comunicación que la metodología y las fuentes de datos utilizadas no garantizan confiabilidad. En tal sentido, alertó que el cambio implicaría un impacto financiero superior a los 10 mil millones de pesos en los primeros años, presionando al alza los aportes de trabajadores y empleadores.
Sector trabajador
Por su parte, el presidente de la CASC, Gabriel del Río Doñé, ofreció su respaldo a ADIMARS y manifestó su interés en llevar el caso ante las más altas instancias del país, al considerar que la cápita diferenciada por edad y sexo perjudica especialmente a los trabajadores.
