La juez Ysis Muñiz, presidente de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, carece de facultad legal para solicitar a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoria al Consejo del Poder Judicial (CPJ), según observó hoy el jurista penalista Frank Reynaldo Fermín.

Según Fermín, la inquietud de la magistrada Muñiz fue mal canalizada, puesto que, conforme con a lo que establece la Ley 10-04, peticiones de esa naturaleza corresponden al Congreso de la República.

“La ley 10-04 que rige la Cámara de Cuenta en la República Dominicana, es el órgano constitucional encargado de establecer el sistema nacional de control y auditoría, con finalidad de armonizar las normas legales relativas al citado sistema. Ese órgano constitucional no es para quien quiera figurear realice solicitud de esa naturaleza; si ella tiene un genuino interés de hacerlo, esa no es la vía legal para ella”, precisó Fermín.

Sostuvo que, por mandato de la Constitución, el Congreso es la única vía legal encargada de hacer peticiones de esa naturaleza, ya que es el que rechaza o aprueba las recaudaciones e inversiones de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.

“Por igual, si la magistrada Muñiz considera que existe alguna anomalía por parte del Consejo del Poder Judicial, su deber era dirigirse al Congreso para solicitar que investiguen cualquier asunto que resulte de interés público”.

Dijo que para él, la solicitud de dicha magistrada tiene un elevado tinte de hacerse sonar, puesto que ella como cualquier ciudadano, puede solicitar del Ministerio Público una investigación de posibles actos de corrupción, si ella así lo entiende.

Muñiz solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría “exhaustiva” al Consejo del Poder Judicial (CPJ), para determinar el uso que le está dando a la asignación presupuestaria que para este 2025 será de RD$12,921.5 millones para un incremento de un 49.8%.

En una comunicación dirigida al Pleno del órgano auditor, la magistrada Muñoz justifica su pedimento en una serie de situaciones que se estarían dando en ese poder del Estado, las cuales afirma, “resultan altamente preocupantes”.

En primer término, señaló “las deplorables condiciones con riesgo de colapsar” que tienen edificaciones donde operan tribunales como la Corte Penal y Civil del Distrito Nacional, donde solamente al Centro de Asistencia al Usuario acuden más de 200 personas diariamente.

Dijo que un estudio de vulnerabilidad hecho en enero del 2021 al edificio que alberga la Corte, ubicado en las esquina que forman las calles Juan Bautista Pérez y Juan de Dios Ventura Simó, en La Feria, “arrojó que existe un riesgo inminente”, toda vez que a nivel de su estructura “presenta un aspecto crítico que pone en juego tanto la edificación como la vida de las personas” que día a día concurren allí.