Santo Domingo.– Los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) presentaron formalmente este miércoles su declaración jurada de bienes dentro del plazo legal de treinta días tras asumir sus funciones, esto en cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

La presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco, encabezó la entrega junto a los demás integrantes del Pleno: el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino, y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

Polanco destacó que esta acción constituye un ejemplo de transparencia y responsabilidad para el resto de los funcionarios públicos.

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“Que el país conozca que estamos cumpliendo con la ley. Esperamos que todos aquellos que deben presentar su declaración jurada encuentren aquí las orientaciones necesarias para que el proceso sea rápido, transparente y cuente con el acompañamiento institucional que brindaremos a partir de este momento”, expresó.

Asimismo, aseguró que este paso honra el compromiso asumido con la ciudadanía al momento de su designación, y reafirma el propósito de trabajar con ética y en favor del interés público.

La presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco (c), encabezó la entrega junto a los demás integrantes del Pleno: el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino, y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana. / Fuente externa.

En respaldo a estas declaraciones, los demás miembros de la Cámara de Cuentas hicieron un llamado a los servidores públicos para que imiten su ejemplo y presenten sus declaraciones juradas dentro de los plazos establecidos por la ley.

“Instamos a todos los funcionarios a hacer lo propio, y reiteramos nuestro compromiso con una mejor Cámara de Cuentas al servicio del país”, afirmaron.

La Ley 311-14 obliga a todos los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada de patrimonio al asumir un cargo, al ser reelectos o al cesar en sus funciones.

Esta disposición aplica a los tres poderes del Estado, así como a los organismos autónomos y descentralizados. La normativa también autoriza a las autoridades competentes a requerir actualizaciones cuando lo consideren necesario.