Sesión de la Cámara de Diputados. / Archivo.
El Movimiento Cívico Participación Ciudadana advirtió esta mañana que con la modificación que introdujo la Cámara de Diputados a la Ley de Ordenación Territorial y Uso de Suelo, se crea un conflicto de carácter Constitucional que muy probablemente termine en el Tribunal Constitucional.
Joseph Manuel Abreu, coordinador nacional de la entidad, explicó que el artículo 24 introducido en la Cámara Baja, luego que el proyecto ya había sido consensuado en la Comisión Bicameral subordina las acciones de los distritos municipales a los municipios, lo que chocaría con el artículo 199 de la Constitución de la República que otorga la misma jerarquía a ambos órganos.
Mientras que el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, señaló igualmente que el citado artículo crea un conflicto legal de competencia, pues se discrimina a los distritos municipales en beneficio de los municipios, acción que está prohíbida en la Carta Magna.
Abreu, de Participación Ciudadana, dijo que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial fue bien elaborado por técnicos calificados y consensuados por los distintos sectores por lo que resulta preocupante que ahora tenga que terminal en un conflicto constitucional.
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Consideró que dicha iniciativa que ya fue convertida en ley el pasado martes por el Senado de la República, debía ser observada por el Poder Ejecutivo debido a su posible inconstitucionalidad.
“Preocupa que esos cambios que se sometieron van a generar un conflicto por la autonomía de los distritos municipales reconocidos de cara a lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución. Es algo que debía observarse si bien el proyecto ya es ley, el Presidente tiene la potestad de observarlo en ese sentido, aunque según parece por la ratificación del Senado de los cambios que sometió la Cámara de Diputados, al parecer hubo ya un acuerdo político en ese sentido y que es muy probable que el Poder Ejecutivo respete”, sostuvo.
FJT
Mientras que Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) dijo que la modificación a la pieza crea una crisis de carácter constitucional, pues se discrimina a un órgano del Estado como los distrito municipales que tienen personería jurídica en el derecho público.
Explicó que el artículo 199 de la Constitución es claro cuando establece que los municipios y los distritos municipales son dos entidades distintas con personería jurídica, patrimonio propio al igual que autonomía presupuestaria propia.
Explicó que con la nueva ley se podrá clasificar y calificar el suelo; desarrollar normas que garanticen una debida planificación del territorio, así como un crecimiento sostenible de nuestras demarcaciones.
Caso Higüey
Citó que en el 2013 se produjo un conflicto parecido con el distrito de Bávaro y el municipio de Higuey, “el caso fue llevado al Tribunal Constitucional y este terminó dándole ganancia de causa a Higuey”.
“Al parecer el TC entendió que se trata de un error que debe corregirse en el artículo 199 de la Constitución que le otorga la misma jerarquía a los municipios y a los distritos municipales”, opinó.
Potentini consideró que tal vez el arreglo sería que los municipios se comprometan a repartir con los distritos sus recaudaciones. Dijo además que son los municipios quienes tienen departamento de planeamiento urbano.
La Carta
El artículo 199 de la Carta Magna establece que los municipios y los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio y de autonomía presupuestaria.
