El procurador general ha admitido que el Estado tiene perdida la batalla contra el terrible flagelo del feminicidio, que ha sido causa en lo que va de año del asesinato de más de 80 mujeres a manos de esposos, ex maridos o pretendientes, mala nueva que cae en la sociedad como balde de agua helada

Aunque afirma que ha habido una ligera reducción en los índices de feminicidios con relación a 2011, el magistrado Radhamés Rodríguez Peña acepta que hasta cierto punto la violencia de género se ha vuelto incontrolable, señal inequívoca de que el Ministerio Público no ha podido frenar tan lacerante drama.

La procuradora adjunta, Rosanna Reyes, cree indispensable que las mujeres denuncien las agresiones para que las autoridades puedan actuar, pero la espiral de violencia contra las mujeres ha llegado a tales extremos que la mayoría de las víctimas no le alcanza el tiempo para siquiera intentar sobrevivir.

Se conocen muchas trágicas historias de mujeres que han interpuesto querellas o denuncias ante la instancia correspondiente del Ministerio Público o en destacamentos barriales que sólo han servido para que sus verdugos opten por asesinarlas, en algunos casos junto a sus hijos u otros familiares.

Tiene razón el procurador general al reclamar la integración del Gobierno y la sociedad en la lucha contra la violencia de género, pero es menester resaltar que la dispersión e improvisación existentes obran en contra del propósito de conjurar ese flagelo.

Es por eso que se reclama que los jueces envíen clara señal por medio de sentencias drásticas contra agresores de mujeres, de que la justicia será implacable en el castigo contra los culpables por la comisión de ese tipo de infracción criminal.

Los programas de prevención de violencia intrafamiliar o de género deberían aplicarse de forma global e ininterrumpida, sin menoscabo a la obligación de los fiscales de perseguir, apresar y someter a la justicia a individuos que incurran en agresión física o sicológica contra mujeres, en tanto que los jueces están compelidos a imponer penas máximas que sirvan de referentes disuasivos.

La admisión del procurador general de que la violencia de género e intrafamiliar se ha vuelto incontrolable, constituye una nota de pesar, que escandaliza a la sociedad y en particular a tantas esposas y madres, cuyas vidas penden hoy de un hilo.