Son cada vez más firmes las señales de que al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, le tienen el agua puesta.

La querella en su contra por supuesta prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y desfalco presentada por un miembro del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo, no es un acto aislado, carente de peso específico.

Sería inconcebible que un funcionario con las responsabilidades de Recio Tineo se prestara a levantar falsos testimonios para dañar la imagen del presidente de la Suprema Corte o simplemente que no supiera reunir las pruebas que sustentan la acusación.

Pero ya antes había ocurrido que Molina, quien antes de su designación en el cargo había sido funcionario del Gobierno de Danilo Medina, fue citado por el Senado para que explicara las razones de la suspensión de los juicios presenciales.

Aunque se suspendió por la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, la citación para un caso que podía aclararse por otros medios se prestó a conjeturas.

Molina también ha sido blanco de una lluvia de acusaciones del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández. Si los casos no están relacionados el objetivo de defenestrar a Molina de la Suprema parece el mismo.

No pasó por alto que al depositar la querella ante la Procuraduría General de la República, Recio Tineo se hiciera acompañar de Surún Hernández y otros abogados que han cuestionado a Molina. El propósito parece muy claro.