AIRD niega desinformara

La Asociación de Industrias  afirmó que su postura en torno a la necesidad de que sea modificada la Ley 28-01 no se ha realizado en base a desinformar sobre la realidad existente en esa zona, sino al hecho real de que la forma en que se   creó y se ha estado aplicando la referida legislación ha creado serias distorsiones y generado una competencia desleal con el resto de las industrias nacionales.

Las licenciadas Ligia Bonetti de Valiente, presidenta  y Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, se refirieron a una nota  enviada a este diario por la Licorera La Altagracia, en la cual esa empresa instalada en San Cristóbal y en proceso de  trasladar sus operaciones a Galván al amparo de la referida legislación, se quejó de que la postura de la AIRD  creaba desinformación sobre la aplicación de esa ley.

Las dirigentes empresariales, en visita  girada ayer al director de El Nacional, Radhamés Gómez Pepín, indicaron que la postura asumida por el gremio  no responde exclusivamente a la defensa de intereses particulares o a los planteamientos de industrias “de la capital”.

Bonetti citó que en  el caso particular de las empresas productores de ron, que serían seriamente afectadas si se comercializa en el país  ese producto libre de impuestos como podría ocurrir, no se trata de empresas “de la capital”, ya que las  principales del país están ubicadas en San Pedro de Macorís, Santiago y Puerto Plata.

Refirió que de acuerdo a la estructura impositiva vigente, de cada 100 pesos comercializados   de ron, 60 corresponde a impuestos por lo que sería una competencia altamente desleal que  una empresa tuviera el privilegio de comercializar ese producto  completamente libre de impuestos.

“Nosotros no estamos desinformando”, dijo,  para agregar que  su intención es sensibilizar a la sociedad acerca de la situación que ha creado la vigencia de una ley de desarrollo fronterizo que nunca ha cumplido adecuadamente con su cometido, que es generar empleos en la frontera.

Dijo que no se oponen a la vigencia de la ley, sino a su modificación para evitar las distorsiones.

“Nosotros estamos completamente de acuerdo con que se mantengan los incentivos a las empresas agroindustriales de la zona, que hoy día no sólo generan mano de obra en la frontera sino que están contribuyendo a llevar el nombre de República Dominicana  más allá de nuestras fronteras, a través de las exportaciones de guineo orgánico y aguacates”, dijo.

Almánzar, de su lado dijo que  que la modificación de la Ley  28-01 que crea una Zona Especial para el Desarrollo Fronterizo se ha convertido en una necesidad, ya que además de su desnaturalización, mala aplicación y peor administración, tiene un consejo directivo contrario al orden legal, ya que es controlado por legisladores y no por representantes del Poder Ejecutivo.

La aplicación de esa ley ha  devenido en la creación de una especie de paraíso fiscal que ha llevado a que el Gobierno realice  un sacrificio fiscal superior a los mil 100 millones de pesos en el 2012.

Dijo que en  más de 12 años de aplicación de la ley 28-01, en las provincias fronterizas se han establecido  46 empresas, que el año pasado dejaron de pagar impuestos por mil 100 millones de pesos, sin embargo, esa exoneración del pago de impuestos, un 62 por ciento benefició a sólo cinco empresas y el 83 por ciento a  10 empresas.

UN APUNTE

Sensibilizar a la sociedad

La Asociación de Industrias indicó que su intención es que  la sociedad se sensibilice acerca de que la aplicación de esa ley no  ha cumplido con su principal objetivo que es la creación de empleos en la frontera, sino que ha creado distorsiones muy graves.