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¡ALERTA AL CONGRESO!

¡ALERTA AL CONGRESO!

 

¿Apreciamos los aportes de las AFP?

No hay que ser un experto en la materia para prever que el desmonte en un 50 por ciento limitará, en cobertura y otros beneficios a los afiliados que deben recibir mayor seguridad

 

Luis José Martínez

luisjosem18@hotmail.com

La marcada propensión a actuar de forma festinada para abordar proyectos de extrema complejidad y delicadeza es una de las rémoras que nos impiden avanzar en el orden jurídico e institucional en la República Dominicana.

Desafortunadamente, la experiencia vivida en diferentes campos de la vida pública dominicana es que ha estado regida por la incuria, la improvisación y en no pocas ocasiones movida por luchas de intereses poco transparentes.

Un ejemplo claro de esta tendencia que atenta contra los debidos procesos de ley y también de equidad y razón, son los constantes intentos y amenazas de introducir cambios en algunas legislaciones sin medir alcances y consecuencias.

Una revisión a grandes rasgos de la forma en que está estructurado y opera el sistema de las administradoras de pensiones en algunas naciones latinoamericanas, permite advertir que al parecer en el país no se tiene la suficiente conciencia sobre la importancia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el beneficio que proveen a sus afiliados.

Es probable que si se tuviera un claro conocimiento al respecto y, más que todo, sensibilidad social para advertirlas implicaciones negativas que podrían generarse en torno a delicado tema, quizás no se actuara la ligera como han hecho los diputados al reducir de un 30 a un 15 por ciento de los beneficios que obtienen las AFP por su gestión.

Empero, es de esperar que cuando el proyecto pase al Senado, sus congresistas se comporten con mayor amplitud y equilibrio, como se espera de una labor legislativa ejercida pensando en el interés general y la manera de beneficiar y proteger a los sectores más necesitados.

Es obvio que en este proceso no se han dado cuenta que la estrangulación financiera a que serían sometidas las AFP tendrá una repercusión perjudicial para sus miles de afiliados, en su gran mayoría trabajadores que no tienen un salario digno y, que por lo menos deben tener derecho a una pensión en la vejez o una asistencia en caso de invalidez permanente.

No hay que ser un experto en la materia para prever que el drástico desmonte en un 50 por ciento limitará, en cobertura y otros beneficios, a los afiliados que en lugar de disminuciones deben recibir mayor seguridad e indexar periódicamente sus reducidos ingresos, acorde con el costo de la vida.

Lo que se pretende hacer con los AFP ha causado justificada alarma en algunos sectores porque como se conoce, al parecer más en el exterior que en el país, esas administradoras influyen en la economía global porque son los mayores inversores en acciones, bonos, obligaciones negociables, ya que dominan el 50 por ciento de los fideicomisos y un monto apreciable en los depósitos.

La experiencia en otras naciones, como ocurrió en la Argentina, nos enseña que atentar contra las AFP a la larga lleva a la estatización de las jubilaciones privadas, con profundas repercusiones que van más allá de las administradoras.

Especialistas sostienen que es utópico imaginar que los bancos, compañías de seguros y los fondos comunes de inversión alcancen para satisfacer las cuantiosas necesidades de financiero que demanda el sector privado.

Nuestros legisladores, de cuyas buenas intenciones no dudamos, deberían documentarse mejor antes de seguir adelante con un proceso que pondría en aprietos y en peligro de inminente colapso a las AFP.

De esta forma le harían un servicio apreciable no sólo a esas administradoras, sino a las prestaciones de beneficios sociales que están supuestas a proporcionar a sus afiliados, especialmente aquellos que por accidentes quedan con serias limitaciones motoras que les impiden laborar de por vida y que, en consecuencia, necesitan y tienen derecho a una pensión mínimamente digna.

Los legisladores están todavía a tiempo de ponderar todas estas observaciones y evitar una reforma a todas luces contraproducente. Ojalá que el buen sentido se imponga finalmente.

 

El Nacional

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