Editorial

Amenaza y privilegio

Amenaza y privilegio

Nada menos que el ministro de Interior  ha confesado que  al jefe de la Policía lo harían “saltar del cargo”, si intenta reasignar a más de diez mil   agentes que fungen como espalderos de funcionarios,  periodistas, empresarios, oficiales superiores y artistas.

Además de esa patética confesión, el doctor Franklyn Almeyda ha dicho que  la jefatura policial  no tiene control sobre  esos efectivos que sumarían unos 17 mil si se incluye los que prestan servicios en legaciones diplomáticas y cuidan a generales sin funciones.

Almeyda dijo que  las autoridades  sólo  controlan a  15 mil de los 32 mil policías, pero ha advertido que si  el jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco Gómez, intenta reasignar a ese personal, sería desalojado del cargo.

¿Quién o quiénes poseen tanto poder  como para obligar al Presidente de la República a destituir a un jefe de Policía por intentar incorporar al servicio público a  subalternos que  cuidan las espaldas de  particulares?

Asombra saber que  sectores innominados dispongan  de  tan inmensa influencia como para lograr destituir al  jefe de la Policía  si se atreve a remover a 15 mil  agentes que hoy sirven  de choferes, jardineros, porteros, mandaderos o  espalderos  de gente con más miedo que vergüenza.

¿Cómo es posible siquiera pensar que  el presidente Leonel Fernández cedería al tipo de amenaza  que refiere el doctor Almeyda?

En ninguna parte del mundo el Estado dispone o permite que  más de la mitad de  la Policía esté al servicio de particulares, menos aun en una nación  atribulada por  el auge de la delincuencia.

El jefe de la Policía está en obligación de  disponer cuanto antes  el retorno a los  cuarteles de esos  agentes, sin hacer caso al temor de que saltaría del cargo. En todo caso, el general Polanco Gómez merecería ser destituido si no  corrige esa anormalidad.

Para desvincularse  de la gravísima advertencia de su ministro de Interior, el presidente Fernández está compelido a ordenar  que  esos policías sean transferidos a labores de patrullaje público.

 Si se menciona  desorden y privilegio, hay que hablar también de orden y pantalones.

El Nacional

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