El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, afirmó ante los embajadores de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que el gobierno del presidente Danilo Medina estudia diferentes escenarios y encamina una consulta nacional con experimentados juristas para establecer su posición frente a la condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Dominicana.
Señaló que el gobierno dominicano fijará una posición definitiva como país ante el Sistema de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, luego del análisis de los escenarios posibles, “y este proceso de encuentros con ustedes como representantes de países amigos, es parte de esa bien intencionada respuesta que el gobierno dará a la situación”.
Recordó que los gobiernos dominicano y haitiano desarrollan grandes esfuerzos por estrechar los lazos de buena vecindad y cooperación, lo que ha quedado de manifiesto en el proceso de regularización de extranjeros, principalmente haitianos que viven en el país en condición de ilegales.
Navarro destacó el compromiso mostrado por el gobierno en la defensa de los derechos humanos, con los comprobados esfuerzos que realiza en el proceso del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en el que gasta alrededor de 1.800 millones de pesos.
“En el país hay un compromiso total del gobierno del presidente Medina con el tema del respeto a los derechos humanos, incluso de manera integral, de ahí que no se ha escatimado esfuerzo alguno para garantizar el debido proceso de regularización a los hijos nacidos en el país de padres con estatus de ilegales, tal como se puede observar en el plan de regularización a nivel nacional con todas las facilidades disponibles y de manera gratuita”, refirió.
El funcionario consideró que la sentencia de la CIDH se decidió sin tomar en cuenta los procesos históricos y la realidad económico-social de la República Dominicana, “además de que se trata de un fallo que alude a la Constitución dominicana, el derecho a decidir sobre la nacionalidad, y cuestiona algunos artículos de la Ley 169/14 que ha facilitado el plan de regularización de extranjeros”.
Indicó que “cada país tiene derecho a definir el mecanismo para conceder la ciudadanía, en el marco de la innegociable libre determinación, pero tampoco esa soberana decisión no puede ser interpretada bajo ninguna circunstancia como una negación al respeto de los derechos humanos”.
El canciller Navarro planteó a los diplomáticos que el gobierno acogió el fallo de la sentencia 256/14 del Tribunal Constitucional dominicano porque tiene claro el debido respeto al orden jurídico y a la independencia de los poderes del Estado, “con lo que ha evitado una innecesaria confrontación y una posible crisis social y política de impredecibles consecuencias”.
En el encuentro participaron, entre otros, los embajadores Eduardo Lama (Belice), María E. Barrios (Honduras), José Rafael Tores (Costa Rica), José Ignacio Pina (México), Alejandro Buitrón (Guatemala), Nelson Artola Escobar (Nicaragua) y Javier Menéndez, encargado de negocios de El Salvador.
