La sociedad no se repone de la congoja que ha causado la muerte de una mujer y su hijo y la intoxicación de otros dos miembros de esa familia, a causa de la inhalación de una sustancia altamente letal fumigada en un apartamento vecino en la torre Da Silva 3, en el sector Piantini, del Distrito Nacional.

Fallecieron Adeline Ruiz León y su vástago de dos meses, y su esposo y otro permanecen en situación de cuidado en un centro hospitalario, tragedia provocada por la propagación de un químico usado para fumigar una vivienda en el piso superior del edificio.

El Ministerio Público apresó al ciudadano francés Georges Antoine Thevenet, quien habría sido la persona que fumigó el apartamento ubicado en el piso 9 de la referida torre, sin tomar en cuenta lo inapropiado y letal de la sustancia usada que se propagó por el ducto del edificio y penetró al apartamento de la familia afectada.

Con ese infausto suceso queda demostrado que prevalece el desorden y la anarquía en la comercialización y uso de sustancias altamente venenosas por gente sin el entrenamiento que al fumigar viviendas, negocios, jardines y patios, colocan en peligro la vida de las personas que residen en esos espacios.

Se cuentan por decenas o centenares las improvisadas empresas dedicadas a la fumigación o eliminación de plagas sin estar acreditadas por ningún órgano regulador, pero también los productos que utilizan, la mayoría de altísima peligrosidad, se expenden sin restricciones.

La fiscalía del Distrito adelantó que contra el francés Thevenet solicitará medidas de coerción consistente en apremio corporal y que será acusado de homicidio voluntario y envenenamiento, de conformidad con los artículos 295 y 301 del Código Penal, por lo que enfrentaría pena de hasta 30 años de prisión.

Juristas consultados estiman que la calificación posible aplicada contra ese contratista sería la de homicidio involuntario, previsto en el artículo 319 contra el que por torpeza, inadvertencia, negligencia o inobservancia comete homicidio involuntario, seria castigado con cárcel de hasta dos años.

Ojalá que esta irreparable tragedia, que taladra el alma de la ciudadanía, sirva para que gobierno y Estado regulen por ley y por estricto cumplimiento el uso de químicos letales en la fumigación de hogares y espacios abiertos, así como en la agricultura, instalaciones hoteleras y empresariales, para que sirva siquiera como consuelo a esa atribulada familia.