Con el ultimátum a haitianos indocumentados para que abandonen Santo Domingo Este, la Antigua Orden Dominicana ignora que un Estado de derecho como el dominicano se rige por leyes.
Bien hizo el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, en advertir a la organización que no está facultada para realizar operativos de interdicción migratoria. La autoridad tiene que garantizar el orden.
Tras la conmoción que ha causado la muerte de un adolescente de 14 años en el barrio Katanga, de Los Mina, atribuida a inmigrantes haitianos, más de 450 nacionales del vecino país han sido detenidos en redadas, según han informado las autoridades.
Que se capture a los responsables y se les traduzca a la justicia es lo que ordena un régimen democrático.
Con la advertencia a los haitianos durante una marcha ayer, la Antigua Orden Dominicana presenta una cuestionada imagen del país al proceder como una especie de grupo paramilitar para perseguir a los haitianos indocumentados.
Interior y Policía, la Procuraduría General de la República y la Dirección de Migración tienen que estar preparados para proceder contra la usurpación de funciones de cualquier grupo a contrapelo de las leyes.
La Antigua Orden Dominicana no cuenta con ningún mandato oficial para advertencias como las que hizo a los haitianos residentes en Santo Domingo Este.
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Y las autoridades no pueden consentir bajo ninguna circunstancia esa intromisión.

