La defensa del mayor general Adán Cáceres, principal imputado del caso Coral, depositó hoy un recurso de apelación de la prisión preventiva que le fue impuesta a su defendido.
Encabezada la defensa por el abogado Romer Jiménez, denunció hoy que a su defendido le han violado sus derechos y calificaron de irregular su prisión, toda vez que el Ministerio Público le rechazara los documentos donde justifica su patrimonio.
La instancia fue depositada por ante el tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional para que la tramite a la Corte de Apelación.
Denunciaron que a su defendido se le ha limitado el derecho de reunirse con sus abogados y le impiden canalizar los cientos de documentos entregados de manera digital por el MP como supuestas pruebas, y preparar los medios de defensa frente a la medida de coerción solicitada en su contra.
Los representantes de Adán Cáceres destacaron que durante los interrogatorios no se produjo ninguna interrupción por parte de los abogados que le acompañaban, pues él afirmó que más que estar en disposición de responder sin reservas, estaba en la obligación de hacerlo.
Precisaron que todo el tiempo su defendido manifestó que no tenía razones para ocultar nada y que podía explicar cualquier duda que existiere en torno al hecho de que se le acusaba.
Indicaron que no obstante la colaboración de Adán Cáceres en las investigaciones y las satisfactorias explicaciones reconocidas por los miembros del Ministerio Público que lo cuestionaban, unas horas después de iniciada la segunda entrevista, este fue detenido en el propio despacho de Yeni Berenice. Para ello se utilizó un escandaloso aparataje militar de fuerzas especiales.
Dijeron que para su arresto se invocó la existencia de una orden de arresto que nunca fue entregada ni al detenido ni a sus representantes legales presentes, en desconocimiento y violación a lo previsto por la ley.
Revelaron que Adán Cáceres no tuvo más contacto con sus abogados, esto en franca violación a la ley que dispone que desde el primer momento de su detención una persona tiene derecho a ser asistido por un abogado de su elección.
